SUCESOS INVESTIGACIÓN
La Generalitat rechaza indemnizar a la familia del profesor asesinado
Defiende que cumplió con las medidas de seguridad y que el ataque del alumno no pudo evitarse || Los padres de Abel Martínez exigen un millón por la vía judicial
Imagen de archivo de un acto de homenaje al profesor leridano Abel Martínez.
Justo cuando la familia de Abel Martínez, el profesor leridano asesinado por un alumno en un centro de Barcelona, había llevado el caso a los tribunales, la Generalitat ha emitido un informe en el que rechaza indemanizarla. Y así lo establece al considerar que el instituto Joan Fuster cumplió con las medidas de seguridad y que el ataque no pudo haberse evitado. De esta forma, la comisión jurídica asesora de la Generalitat descarta que Enseñanza deba pagar el millón de euros que reclaman como indemanización los padres y el hermano del profesor asesinado, que ya han llevado el caso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Según el informe de la comisión, no existió negligencia en la actuación de la administración, tal y como alega la familia, ya que el alumno no presentaba signos de agresividad más allá de un comportamiento pasivo y de bajo rendimiento académico. Asimismo, señala que el centro registró debidamente el retraso del menor ese día (llegó al instituto veinte minutos después de comenzar las clases).
La comisión concluye que la muerte del profesor de 35 años, el 20 de abril de 2015, tampoco puede atribuirse a una actuación durante el ejercicio de su profesión, ya que su muerte fue por “una reacción violenta, repentina e imprevisible” de un alumno con el que no tenía ninguna relación y que se lo encontró en el pasillo al salir de un aula. En este sentido, la Generalitat añade que no se puede considerar un accidente laboral pese a que el ataque se produjera en horario lectivo, porque se trató de una actuación personal de un alumno, sin que pueda atribuirse a una viglancia defectuosa o inadecuada por parte del centro educativo. La familia ha llevado el caso a la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC, proceso que sigue adelante, según confirmó ayer su abogado, Juan Antonio Calles.
Paralelamente, la comisión jurídica de la Generalitat también ha rechazado el pago de la indemanización que solicitó una profesora del mismo centro que también fue herida junto a su hija, alumna del mismo instituto. En este caso, reclamaban 51.749 euros, que la comisión rechaza en los mismos términos que lo hace en el informe de Abel Martínez.
