La Paeria rechaza validar el plan de seguridad de la discoteca Biloba

El ayuntamiento de Lleida ha rechazado homologar el plan de autoprotección de la discoteca Biloba del polígono Neoparc, un trámite necesario para que su licencia tenga validez. El área municipal de Protección Civil emitió informes desfavorables no por el contenido del plan, sino porque considera que la ley deja muy claro que la competencia para validarlo corresponde a la Generalitat. El ayuntamiento asegura que, según el decreto 30/2015, corresponde al Govern llevar a cabo este trámite en "las instalaciones desmontables o de temporada con capacidad o aforo igual o superior a 2.000 personas". Biloba, que se estrenó en julio pasado, abre solo durante la temporada de verano. No obstante, la Generalitat discrepa y ya rechazó hace unos meses asumir este trámite, alegando que no era competencia suya, sino municipal.

Mientras, la discoteca tiene previsto abrir a principios de mayo, dentro de poco más de un mes. Pero para poder hacerlo debe lograr la homologación de su plan de autoprotección, ya que su licencia de actividad está condicionada a este trámite. La temporada pasada se le permitió abrir acreditando la presentación de la solicitud, ya que la ley da un plazo de 6 meses para la homologación. Ahora deberá decidir si vuelve a presentar el documento o algún recurso administrativo.

La empresa ha pedido rebajar el canon porque la superficie de la concesión es menor de la que consta

La Generalitat y el ayuntamiento mantienen una discrepancia más profunda en cuanto a la legalidad de la licencia, que ha llevado a la conselleria de Empresa a presentar un contencioso en el juzgado. Reclama que se revoque el permiso a la discoteca porque considera que infringe la normativa de seguridad por su proximidad a los depósitos de combustible de la CLH.

Sin acuerdo para modificar el contrato de "The Hill" Los grupos municipales de la Paeria mantuvieron ayer una reunión para tratar sobre la modificación del contrato con la discoteca de Gardeny, "The Hill", que ha solicitado alterar la duración de la concesión hasta septiembre de 2019, alegando que no pudo abrir en 2015 por el retraso en la adjudicación del contrato. Esta petición afecta el pago del canon de esa primera temporada (294.000 €), que la empresa no ha abonado –lo tiene recurrido judicialmente– y la Paeria le reclama. Sin embargo, y pese a que los grupos de PDeCAT, ERC y Comú presentaron una petición al gobierno municipal para que lo aceptara, todo parece indicar que la Paeria dejará que sea el juez quien lo decida. Varios grupos explicaron que están a la espera de informes jurídicos y que ven viable que la concesión concluya en septiembre en lugar de en julio, como está fijado ahora, para no partir la temporada por en medio, pero que la empresa tiene que cumplir sus obligaciones en cuanto al pago del canon. Debe el de 2015 y está pagando a plazos el de 2016, aunque el fraccionamiento no está validado por la Paeria. Además, la empresa, confirmó un portavoz, solicita ajustar la concesión a la superficie realmente disponible para la actividad –aseguran que es menor a la que fija el contrato– y rebajar el canon proporcionalmente.