Okupaciones al alza

La okupación de viviendas ya no es solo una acción reivindicativa de un colectivo político, sino un fenómeno social que se está generalizando en Lleida, con decenas de casos. Las dificultades de acceso a la vivienda tras la crisis han desbordado a los servicios sociales y llevado a familias a la okupación, pero también hay quien hace de ello un negocio.

La ocupación ilegal de viviendas ya no es un fenómeno aislado de reivindicación política vinculada a colectivos de corte anarquista, sino que, con la crisis, cada vez es más frecuente como una salida de último recurso para tener un techo tras un desahucio. La okupación tiene hoy en día múltiples caras y se ha convertido en un problema social grave. Hay decenas de viviendas con inquilinos ilegales solo en Lleida ciudad, por no decir algunos centenares, con las dificultades de convivencia y perjuicios a los propietarios que ello ocasiona. La “patada en la puerta” es la solución a la que han recurrido muchas familias que se veían en la calle, ya que, pese a los esfuerzos de la administración, la disponibilidad de pisos sociales es insuficiente y los trámites pueden ser lentos.

En su mayoría son pisos propiedad de entidades financieras que quedaron vacíos tras un desahucio. Pero también hay muchos casos, señalan desde la Cámara de la Propietat Urbana, de propietarios particulares que alquilan su casa a una persona y al cabo de poco tiempo se encuentran con que los inquilinos son otros a quienes no conoce y, obviamente, nadie paga el recibo. Solo la Generalitat tiene 322 de sus pisos sociales okupados en Catalunya, cifra que da una idea de la magnitud del problema. En Lleida, es generalizado, por ejemplo, en los bloques del Grup Mariola, pero sucede en casi todos los barrios, incluyendo la Zona Alta, donde un bloque de apartamentos en Ronda tiene mayoría de inquilinos ilegales. Vecinos del Clot de les Granotes denuncian que hay propietarios con miedo a colgar carteles de venta o alquiler de su piso para que no sirvan como reclamo para okupas, ya que el problema también va a más en este barrio. También abundan los pisos tapiados o con puertas de seguridad.

La okupación está claramente al alza y no falta quien se aprovecha simplemente para ahorrarse un alquiler e incluso quien hace negocio de ello. En Lleida, se han detectado casos de okupaciones “mafiosas”: personas que entran por la fuerza en pisos que luego “realquilan” a terceros facilitándoles las llaves a cambio de un pago en metálico. Por ejemplo, en Mollerussa, los vecinos denuncian que hay okupas que han pagado 200 € para acceder a un piso.

Desde la Paeria, el teniente de alcalde de Servicios Personales, Xavier Rodamilans, afirmó que estudian las okupaciones “caso por caso” para intentar negociar un alquiler social con las entidades bancarias propietarias de las viviendas. Añadió que también efectúan una “labor preventiva” otorgando ayudas para pagar el alquiler o la hipoteca a personas con problemas económicos y aseguró que hay un “convenio oral con los bancos para que no desahucien sin hablar antes con los servicios sociales” sobre la situación de los residentes. Con todo, la Paeria, pese a que conoce múltiples casos a través de los servicios sociales o de inspecciones, no dispone de ningún censo de pisos okupados.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no habla de “okupación” sino de “recuperación” de pisos provenientes de desahucios que ven injustos, porque las hipotecas tenían cláusulas abusivas. Lo consideran un último recurso y se aseguran de no perjudicar a propietarios particulares, explicó Henry Mora, portavoz de la PAH. Cuando sucede, “exigimos siempre al banco un alquiler social asequible o presionamos a la administración para que realoje a la familia”, afirmó. Denuncian que la Mesa de Emergencias conjunta de Paeria y Generalitat excluye de la concesión de pisos sociales a los okupas, lo que ven injusto. Reclaman un parque de vivienda social mucho mayor y no poner en el mismo saco a las mafias y a las familias que okupan por necesidad en futuros cambios legislativos para agilizar los desahucios.

Para el resto de vecinos de un bloque okupado, la convivencia puede ser complicada. Es el caso del grupo El Trenquet de Mollerussa, donde llevan 5 años viviendo con okupas que “pinchan” de la comunidad servicios como la luz y el gas, lo que disparó alguna factura hasta 1.500 €. También han monopolizado la piscina y la situación ha provocado enfrentamientos y denuncias por agresiones. El alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha tenido reuniones con el dueño del bloque –la firma Building Center– y con los vecinos afectados para buscar una solución. Solsona remarcó que “la ocupación no es un paso previo a obtener una vivienda”, informa Joan Gómez.