Ratificada la absolución de los tres urbanos acusados de denuncia falsa

El Tribunal Supremo ha ratificado la absolución de un cabo y dos agentes de la Guardia Urbana de Lleida que fueron juzgados en mayo de 2016 acusados de inventarse una agresión por la que detuvieron a los propietarios de una gasolinera, padre e hijo. De esta forma, el Alto Tribunal confirma la sentencia absolutoria que ya dictó la Audiencia de Lleida el pasado junio y sobre la que los denunciantes presentaron un recurso de casación. Ahora, el Supremo rechaza este recurso al considerar que no hay pruebas suficientes para condenar a los tres urbanos, defendidos por el abogado Dani Ibars.

Los hechos ocurrieron el 20 de abril de 2012 durante un operativo de la Guardia Urbana y la Policía Nacional en las inmediaciones de la gasolinera de los denunciantes, padre e hijo, situada en la plaza de l’Exèrcit de Lleida. En su sentencia, la Audiencia señaló que “no podemos afirmar ni descartar, por lo menos con el suficiente grado de certeza, qué tipo de acontecimiento se produjo, por lo que tampoco podemos decir que nos encontremos ante una absoluta falsedad o mentira (…), lo que a su vez impide apreciar la existencia de un delito de falsedad documental”. En el mismo sentido, el fallo del Tribunal Supremo señala que la absolución se justifica con la duda y con la falta de razones para condenar, y afirma que los agentes reflejaron en su parte un incidente que vivieron y que, aunque no se ha podido demostrar que pasó tal como dijeron, tampoco se puede indicar que fue una minuta falsa. Asimismo, descarta un delito de detención ilegal, porque el arresto estaba justificado y no excedió los plazos legales. La Fiscalía solicitaba para cada uno de los urbanos una condena de cuatro años y medio de prisión por falsedad en documento oficial, denuncia falsa e inhabilitación para cargo público durante tres años. La acusación particular pedía nueve años de cárcel y ocho de inhabilitación por detención ilegal, mientras que la defensa de los agentes pidió la absolución que ahora ha convertido en firme el Supremo. Las grabaciones de la cámara de seguridad, según este tribunal, confirman que hubo dos incidentes entre los implicados, pero que ninguno de ellos tiene responsabilidades penales.