SUCESOS INICIATIVAS
Seis mil firmas piden un millón para la familia del profesor asesinado
Solicitan que la administración le indemnice más por la muerte de Abel Martínez || Enseñanza la ha resarcido solo considerando que fue un accidente laboral
Imagen de archivo de un minuto de silencio tras el asesinato de Abel Martínez.
El Sindicato de Profesores de Secundaria ya cuenta con cerca de 6.000 firmas que piden que la Generalitat indemnice a la familia de Abel Martínez, el profesor leridano asesinado por un alumno en abril de 2015 en un instituo de Barcelona, “en los términos que esta ha establecido”, es decir, un millón de euros. El departamento de Enseñanza ha considerado la muerte del profesor como un accidente laboral y únicamente ha tramitado la indemnización correspondiente por este concepto.
La Generalitat emitió a mediados de marzo un informe en el que rechazaba la reclamación de la familia al considerar que el instituto Joan Fuster cumplió con las medidas de seguridad y que el ataque no pudo evitarse. La comisión jurídica asesora de la Generalitat descartó que Enseñanza pagara el millón de euros solicitado por los padres y el hermano del profesor, que ya han llevado el caso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (ver desglose). Según el informe de la comisión, no existió negligencia en la actuación de la administración, como sostiene la familia, ya que el alumno no presentaba signos de agresividad más allá de un comportamiento pasivo y de bajo rendimiento académico. Asimismo, señaló que el centro registró debidamente el retraso del menor ese día. La comisión concluyó que la muerte tampoco puede atribuirse a una actuación durante el ejercicio de su profesión, ya que su muerte fue por “una reacción violenta, repentina e imprevisible” de un alumno que se lo encontró en el pasillo al salir de un aula.
El TSJC requiere a la Generalitat el informe del caso El caso ha pasado de la vía administrativa a la vía judicial después de que los padres y el hermano de Abel, representados por el abogado José Antonio Calles, presentaran el pasado mes de marzo una predemanda ante Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para que sea éste quien decida si el Consorci d’Educació de Barcelona (formado por Enseñanza y el ayuntamiento de Barcelona) debe abonar el millón de euros que pide la familia como indemnización al considerar que el centro era responsable del alumno y que fallaron las medidas de control. El TSJC, en el ámbito del contencioso-administrativo, ya ha requerido a la Generalitat para que aporte todo el expediente del caso para analizarlo.
