Condena por exigir 12.000 euros de más en impuestos

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado la razón a un leridano al que ha eximido de pagar 12.000 euros en impuestos por una transmisión patrimonial. El denunciante, representado por el abogado Xavier Merino, compró un local comercial en la capital del Segrià por alrededor de 147.000 euros y abonó otros 8.000 en concepto de Impuesto sobre Transmisiones. Sin embargo, la Generalitat le requirió que pagara otros 12.000 euros en impuestos al considerar que el valor del inmueble era de 290.000 euros, es decir, prácticamente el doble de lo que había pagado por su adquisición.

El comprador interpuso una demanda ante la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC alegando, entre otros aspectos, su disconformidad con el dictamen porque el perito no visitó la finca e hizo una valoración no individualizada sino que se remitió a parámetros genéricos, la superficie que figuraba era errónea y se había prescindido del estado en el que se encontraba la finca que adquirió.

El demandante compró un local por 147.000 € pero la Generalitat consideró que su valor era de 290.000 €

El TSJC, en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, apunta que “los informes periciales deben estar motivados, pues la comprobación y valoración efectuada por la Administración exige una motivación que sea suficiente para que el interesado tenga pleno conocimiento de la valoración efectuada y pueda solicitar, en su caso, una tasación pericial contradictoria”. Asimismo, recuerda que hay jurisprudencia en el que se determina que “no es ocioso recordar que no se trata de tener una idea del valor del inmueble, sino de determinar su valor cierto (...), lo que exige una valoración individualizada (...) y ha de justificarse individualmente su apreciación”. Por todo ello, el Tribunal Superior de Justicia da la razón al demandante al considerar que un perito debió visitar la finca, que “correspondía a la Administración tributaria demostrar, mediante una actuación idónea” y que, en este caso, “la peritación realizada es irregular”, obligando a la Generalitat a devolverle el dinero ingresado de más.