Veinte años del 'minibarrio' gitano

Seguramente poca gente tiene en mente que, hace veinte años, la zona de los Camps Elisis en la que está el anfiteatro y el estanque presentaba un aspecto totalmente diferente al actual. Y es que en lugar de un parque, había una simple explanada en la que la Paeria habilitó un singular campamento con una treintena de módulos prefabricados para alojar a las familias de etnia gitana que años atrás habían ido ocupando casas de la avenida Tarradellas y que el ayuntamiento derribó en 1996 por su mal estado. Estas familias habían sido desalojadas previamente, en 1990, del Centro Histórico, aunque también se instalaron en las casas de Tarradellas otras personas procedentes de un campamento que había desde finales de los ochenta en la margen izquierda del río Segre. La idea del consistorio era tener ‘controlados’ a las cientos de personas que residían en el campamento de módulos y prepararles para trasladarlos progresivamente a viviendas.

“Compramos módulos para las familias y también había uno con lavadoras y lavaderos, otro con duchas y otro con inodoros”, relata Pilar Nadal, concejala de Servicios Personales de la época. Además, se habilitó una pequeña iglesia y se instalaron en el propio campamento servicios sociales, que enseñaban a los residentes hábitos de limpieza y comportamiento, y una comisaria de la Guardia Urbana para lidiar con los conflictos. “Era como un minibarrio”, recuerda Nadal. Remarca que incidieron especialmente en que todos los niños debían estar escolarizados y por ello iban a recogerlos en bus cada día. Además, subraya que los residentes en el campamento firmaron un convenio comprometiéndose a cumplir unas normas para poder ser recolocados en pisos, pero admite que fue difícil, porque “no los quería nadie”. “Los distribuimos por la ciudad para que no se concentraran en un mismo barrio y provocar rechazo”, indica. Asegura que se comprometieron “a que estaría desmantelado en dos años y lo hicimos en uno y medio” y subraya que este proyecto recabó el consenso de todos los grupos políticos. Asimismo, admite que “conflictos hubo, porque fue complicado, pero lo conseguimos, gracias al esfuerzo de todos, que se dejaron la piel”. De hecho, aún recuerda la satisfacción del día en que retiraron el último módulo, en 1999.

El último módulo se retiró en 1999 y actualmente ese espacio forma parte de los Camps Eliss

Por su parte, Paco Salazar, de la asociación Futur, reconoce que el campamento de módulos de Tarradellas “se hizo con buena intención”, pero considera que “no dio los resultados esperados”. Según su opinión, los módulos eran demasiado pequeños para las familias y cree que faltó dar formación a los jóvenes para que tuvieran un futuro mejor y no verse obligados a okupar viviendas, como ocurre en la actualidad en diversos barrios, como en la Mariola o La Bordeta. De hecho, además de okupaciones, en la ciudad persiste desde hace más de una docena de años un campamento ilegal junto al vial Victoriano Muñoz, detrás del antiguo hotel Ilerda, donde actualmente residen una quincena de personas, y algunas de ellas vivieron en su momento en los módulos de Tarradellas (ver información anexa). La Paeria anunció a finales del año pasado su intención de desmantelar este asentamiento y trasladar a sus integrantes a pisos. Asimismo, entre la LL-11 y La Bordeta también hay una zona con chabolas.

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Carmen y Antonio viven desde hace unos 13 años en un asentamiento junto al vial Victoriano Muñoz. Son una quincena de personas, algunos niños, pero llegó a haber 30 familias. La pareja vivió en los módulos de Tarradellas y el ayuntamiento les proporcionó un piso, pero al final no pudieron pagar el alquiler. “Cada año lo subían y tuvimos que dejarlo”, explica Antonio, y piden a la Paeria que les busque viviendas para poder dejar el campamento, dice Carmen. Paco Salazar , de la asociación Futur, y Nando Nouviles, de la Plataforma de Asociaciones de Ponent la Veu del Gaf, recuerdan que el consistorio se comprometió a hacerlo antes el verano y reclaman que “salga una solución” de una próxima reunión entre Paeria, Generalitat, entidades sociales y la Federación Gitana. “Les damos dos o tres meses”, advierten.