LEGISLACIÓN
La “ley mordaza” cuesta 60.000 euros a los leridanos con 200 multas en un año
Es la provincia catalana más sancionada por cuestiones de seguridad ciudadana
Imagen de archivo de una manifestación en las calles de Lleida contra la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana.
La polémica “ley mordaza”, normativa que está actualmente en proceso de revisión en el Congreso, ha supuesto sanciones por un to tal de 60.000 euros en Lleida. En año y medio desde su entrada en vigor, el Estado ha tramitado casi 200 multas en la provincia, la más castigada por infracciones contra la seguridad ciudadana.
En un año y medio de aplicación, la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida popularmente como “ley mordaza” ha supuesto en Lleida un pago de más de 60.000 euros en multas. Según el último balance publicado por el ministerio del Interior, desde que entró en vigor la norma LO 4/2015, en julio de 2015, se han impuesto cerca de 200 sanciones en las comarcas de Ponent, la mayoría por infracciones en armas y explosivos. Sin embargo, en dicho balance se incluyen infracciones que ahora se entienden como un peligro a la seguridad tales como ir indocumentado o la desobediencia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Por tipo de sanciones, la Administración General del Estado tramitó el año pasado 37 sanciones por el “incumplimiento de la obligación de obtener la documentación personal legalmente exigida, así como la omisión negligente de la denuncia de su sustracción o extravío”. Estas infracciones supusieron una recaudación de 3.700 euros, a razón de 100 euros cada una.
El registro central de infracciones y que los agentes puedan proponer sanciones, entre otros
Sin embargo, la ley falla en supuestos para los que fue creada y por la que levantó tanta polémica, como la penalización de conductas antes no perseguidas, como las manifestaciones sin autorización en zonas sensibles o la toma de fotografías e imágenes de los agentes. Tampoco se tramitó ninguna sanción por ocupación de inmuebles. Ninguna de estas conductas ha sido sancionada en Lleida desde que entró en vigor la ley.
No obstante, sí que se han aplicado cuatro sanciones por falta de respeto a la policía y que no podía considerarse un delito, con multas por un valor total de 700 euros. Asimismo, la resistencia a la autoridad y la negativa a identificarse propiciaron otras cuatro sanciones en Ponent.
Pese al bajo número de sanciones que ha supuesto la Ley Mordaza, el balance de Interior muestra que Lleida es la provincia catalana más sancionada en cuanto al aspecto estricto de seguridad ciudadana, excluyendo las infracciones de armas y drogas (dato este último que no se incluye en el documento de Interior). En total, se impusieron 48 sanciones por un total de 7.280 euros. Barcelona, con más de 5,5 millones de habitantes, registró solo 23 multas. Girona, por su parte, únicamente registró dos sanciones leves, y Tarragona, tres.
En cuanto al apartado de armas y explosivos, la Administración General del Estado tramitó 133 multas en la provincia de Lleida, lo que supone más de 52.000 euros. De estas, se impusieron 36 multas por portar armas prohibidas; otras 70 por incumplir la normativa, y 27 por la falta de documentación para la tenencia de armas o explosivos.
Los puntos polémicos
- Manifestaciones. La ley considera una infracción cualquier “perturbación grave de la seguridad ciudadana” frente al Congreso, el Senados y los parlamentos autonómicos. No tener permiso también está sancionado, así como llamar a manifestarse vía redes sociales sin tener autorización para ello. Las multas van de los 600 a los 600.000 euros.
- Frenar un desahucio. Permite a la policía sancionar a los que “obstruyan cualquier autoridad, empleado público y corporación oficial en el cumplimiento” de una ejecución judicial. La sanción va de 600 hasta 30.000 euros.
- Grabar a policías. No está permitido la difusión de imágenes o datos de los agentes, multado con hasta 600.000 euros.
El Congreso ya ha iniciado el proceso para cambiar la ley A pocos meses de cumplir los dos años de su entrada en vigor, el Congreso ya ha iniciado el proceso para derogar la polémica ley de Seguridad Ciudadana. El pasado marzo, el pleno de la Cámara Baja admitió a trámite sendas proposiciones de ley del PSOE y del PNV para modificar la actual normativa, con el voto en contra del PP. Entre otras cosas, la propuesta de los socialistas pretende derogar las sanciones a las personas que participan en manifestaciones, como los que lo hacen delante del Congreso y el Senado, y por utilizar imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como es el caso de los periodistas. Asimismo, buscan imposibilitar los registros personales en lugares públicos y acabar con la consideración como infracción grave la falta de respeto a una autoridad pública o un policía. Por su parte, el PNV proponer cambiar 44 preceptos de la “ley mordaza”, como que no sea necesaria la comunicación previa alguna de las reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas. Uno de los puntos más polémicos de la ley ideada por el anterior ministro del Interior Jorge Fernández Díaz es el registro central de infracciones contra la seguridad ciudadana, lo que lleva al ciudadano a tener antecedentes sin tener que pasar por un juzgado. Asimismo, otro apartado polémico es que son los propios agentes quienes pueden proponer que una conducta se sancionada según la “ley mordaza”. Una plataforma contra la norma, “No somos delito”, rechaza las reformas previstas al entender que no cambian nada.
