ECONOMÍA
La Paeria solicita al Estado una rebaja del 4% de los valores catastrales para el próximo año
Mínguez destaca que los han reducido un 37% desde 2017 y si el ministerio aprueba el nuevo descenso se llegará al 39% ||Repercute en IBI, plusvalía, impuesto de transmisiones patrimoniales e IRPF
Vista aérea de parte de la ciudad de Lleida, con la Seu Vella al fondo.
La Paeria ha solicitado al ministerio de Hacienda una rebaja lineal del 4% de los valores catastrales de la ciudad de Lleida. La primera teniente de alcalde Montse Mínguez explicó que este martes expiraba el plazo para pedir la rebaja y precisó que el porcentaje que reclaman es el que fija el propio Estado para Lleida.
Asimismo, destacó que llevan rebajando los valores catastrales desde 2015. En concreto, un 17% ese año; en 2016, un 18%; y este 2017 un 8%. Eso supone un descenso acumulado del 37,38%, que se ampliará hasta el 39,88% si el ministerio concede el solicitado del 4% para el próximo año.
Un menor valor catastral afecta a la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de la plusvalía (grava las transmisiones inmobiliarias), de modo que, si se rebaja, la cantidad a pagar por los vecinos al ayuntamiento por este concepto es menor. No obstante, en el caso del IBI la Paeria ya tiene prevista un disminución lineal del 1% en 2018, que se suma a la del 2% del actual ejercicio.
En el caso del IBI, el ayuntamiento ya acordó una rebaja lineal del 1% para el año 2018
La teniente de alcalde remarcó que una rebaja de los valores catastrales de la ciudad afecta también a la base imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales, así como del impuesto de sucesiones y donaciones que se pagan a las comunidades autónomas. Además, indicó que repercute en el IRPF de los propietarios de segundas residencias (una imputación de rentas inmobiliarias fijado entre el 1,1% y el 2% del valor catastral).
Multas prescritas
- La oposición reclama explicaciones al gobierno de la Paeria por la existencia de multas de concejales prescritas (y también de otros ciudadanos) que la teniente de alcalde Monte Mínguez admitió el lunes. El edil del Comú Sergi Talamonte denunció en el último pleno que concejales del gobierno tenían sanciones prescritas y este martes calificó de “primer paso” que Mínguez reconociera que hay de ediles y del resto de ciudadanos. No obstante, reclamó el listado pormenorizado de sanciones caducadas. Por su parte, Toni Postius (PDeCAT) consideró que “el gobierno tiene que mover ficha”, Àngeles Ribes (Cs) dijo que si no se aclara el asunto “no descarto hacer alguna pregunta” al respecto, y Carles Vega (ERC) incidió en aclarar “si ha habido trato de favor (hacia concejales socialistas) y se han dejado prescribir multas”. Francesc Gabarrell (Crida) pidió una explicación sobre cuándo prescriben las sanciones de tráfico y Joan Vilella (PP) solicitó saber “cuántos concejales están involucrados” y “llegar hasta el final”.
A exposición pública la cuenta general de 2016 El expediente de la cuenta general de la Paeria, el documento que acredita la fiscalización de la ejecución del presupuesto del año pasado, estará 15 días en exposición pública y habrá 8 días más para presentar alegaciones. En la comisión de este martes votaron a favor PSC y Cs y el resto de oposición se abstuvo. El Comú ve una posible vulneración de la ley de protección de datos en la documentación de la cuenta general ya que incorporaba los DNI de personas autorizadas en diferentes cuentas bancarias, y afirma que el gobierno rectificará el error.
