Mínguez dice que han prescrito 11 multas de ediles en 6 años y el Comú ve 57 desde 2005

El gobierno municipal cifró este jueves en 11 las multas a concejales de la Paeria –tanto del gobierno como de la oposición– que han prescrito sin llegar a tramitarse entre 2010 y 2015, del total de 148 que les han sido impuestas. La primera teniente de alcalde, Montse Mínguez, señaló que el índice de prescripción es similar al del resto de ciudadanos durante este periodo.

Respondía así a las acusaciones del Comú de Lleida, que poco antes aseguraba haber tenido acceso a información que demuestra que la Paeria ha dejado prescribir 57 multas a cargos electos (doce concejales municipales y un diputado en el Congreso por Lleida) desde 2005, impuestas mientras estaban ejerciendo su función pública.

Cuatro de ellos son ediles en el actual consistorio y las sanciones, que son de tráfico y de zona azul, van de 40 a 200 €. También hay otras 14 sanciones a ediles dadas de baja por otros motivos (como no localizar al infractor). Ocho de los cargos son del PSC y el resto de CiU (2), ICV (1), PP (1) y ERC (1), según los datos del Comú.

Los periodos tomados como referencia por ambas partes no coinciden y sus conclusiones no pueden ser más opuestas. Así, mientras Mínguez remarcó que “todo el mundo paga multas en Lleida, sean concejales o cualquier otro ciudadano de Lleida o de fuera”, los concejales del Comú Carlos González y Sergi Talamonte pusieron en duda la gestión municipal de las multas. Destacaron que el hecho de que hayan prescrito hasta 10 en 20 meses a una misma persona “nos lleva a pensar que podríamos estar frente a una posible eliminación sistemática de sanciones vía prescripción”.

Según los datos de Mínguez, entre 2010 y 2015 se tramitaron 336.768 multas (153 al día), de las que caducaron 18.489 (5,49%), mientras que las de cargos municipales son 11 de 148 (7,43%). “Los políticos están en el mismo sistema que cualquier ciudadano. Antes de 2013, nos prescribían muchas más multas porque los funcionarios no llegaban a introducirlas en el sistema antes del periodo legal de tres meses.

Las mejoras en el sistema informático han hecho que en los últimos años seamos más ágiles y sean muchas menos. Pero lo importante es que quede claro que no hay ninguna discriminación, paga todo el mundo con normalidad”, afirmó Mínguez. La mayoría de sanciones son por superar el tiempo máximo de zona azul, añadió.

González y Talamonte denunciaron que el gobierno no les ha facilitado información alguna sobre estas sanciones –la consiguieron por vías no oficiales– pese a que la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública (GAIP) de la Generalitat ha requerido al ayuntamiento que entregue la relación de multas prescritas de 2006 a 2016.

No tener acceso a la información oficial les impide verificar y ampliar los datos. “Si no tienen nada que esconder, que nos den la información, la GAIP ha dado instrucciones de cómo hacerlo para respetar la protección de datos”, dijo Talamonte. Al respecto, Mínguez indicó que lo ha pedido a los funcionarios, que lo están recopilando, pero que no es sencillo por el gran volumen de datos y porque se remonta a años atrás.

La portavoz de Cs, Ángeles Ribes, ha pedido la comparecencia de Mínguez en la próxima comisión de transparencia.

Los datos