POLÍTICA SANCIONES
El Comú lleva las multas prescritas a Anticorrupción
Denuncia a Ros, Mínguez y Mestres ante la Fiscalía en Madrid || El gobierno insiste en que jamás hubo ningún trato de favor
El concejal del Comú de Lleida Carlos González fue este miércoles a Madrid para presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la prescripción de multas de tráfico y zona azul del ayuntamiento de Lleida.
La formación ya denunció públicamente a principios de mes la prescripción de 57 multas a cargos electos (doce concejales y un diputado) desde el año 2005 y apuntó entonces a una “eliminación sistemática” de sanciones para beneficiar a determinadas personas, lo que el gobierno municipal negó tajantemente. este miércoles dio un paso más al llevar la documentación ante la Fiscalía, tras asesorarse con un abogado.
TV3 avanzó este miércoles que algunas de las multas que cuestiona el Comú estarían a nombre del propio alcalde, del presidente de la Audiencia y de otros concejales, políticos y empresarios. “Hacemos lo que creemos que estamos en la obligación de hacer”, afirmó el portavoz de la formación en la Paeria, Sergi Talamonte, quien no quiso avanzar más detalles a la espera de una rueda de prensa convocada para hoy.
El gobierno municipal lamentó que el grupo del Comú “no aporte nada a la ciudad más que denuncias” y defendió que la tramitación de las multas es un “proceso administrativo sin intervención política” que se ha hecho siempre “con rigor”. La teniente de alcalde Montse Mínguez afirmó que “las multas siguen su trámite ordinario, no hay ningún trato específico para los concejales, todos somos considerados iguales”.
Algunas de las multas estarían a nombre del propio alcalde y otras del presidente de la Audiencia
La Paeria ya admitió que la prescripción de multas fue elevada antes de 2013 por el poco tiempo que había para tramitarlas, que se resolvieron con una mejora tecnológica y de gestión, recordó Mínguez. Entre 2010 y 2015, prescribieron 18.489 multas, algo más de un 5% del total, de las que 11 fueron de cargos municipales.
El ayuntamiento sostiene que les prescribieron sanciones como a cualquier otro ciudadano, mientras que el Comú asegura haber detectado indicios que les hacen pensar que no fue así, como la acumulación de prescripciones de una misma persona en poco tiempo.