Guerra de cifras en el conflicto de las multas

El Comú de Lleida ha detallado esta mañana el contenido de su denuncia por la prescripción de multas en el ayuntamiento de Lleida, que incluye sesenta expedientes con 665 relaciones de multas de tráfico y zona azul en los últimos 15 años, aunque la mayoría son desde 2007. Afectan, han señalado, a 15 cargos electos, 12 funcionarios, 9 grandes empresarios y otras 16 personas directamente vinculadas con las anteriores, por ejemplo por relación de parentesco. También hay multas prescritas a otras administraciones, como la Generalitat, la Diputación y el ministerio del Interior. Entre ellas hay "cosas difíciles de explicar", ha indicado el abogado Josep Jover, como 90 multas prescritas a un restaurante, más de 60 a una conocida persona del ámbito jurídico de Lleida y otras 22 a un mismo cargo electo. "Nos lleva a pensar en la existencia de una lista blanca con personas e instituciones a las que se perdonan multas. La ley es igual para todos", ha afirmado Jover.

La denuncia se ha presentado no solo ante Fiscalía Anticorrupción, sino también en la Oficina Antifrau y el Consejo General del Poder Judicial, por la presencia entre los presuntos beneficiarios de dos destacados miembros del ámbito jurídico. El Comú considera que se han cometido delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos de forma continuada y ha denunciado a tres personas: el alcalde, Àngel Ros, y las concejalas de Hacienda, Montse Mínguez, y Seguridad, Sara Mestres.

Ha sido Mestres quien ha replicado hoy mismo al Comú negando tajantemente cualquier trato diferenciado a concejales u otros cargos. "Estamos supertranquilos, porque el trabajo está bien hecho, de acuerdo con la ley y de forma transparente, con una tramitación escrupulosa e impecable", ha afirmado. La prescripción de multa rondaba el 30% en 2003, pero ha bajado hasta el 3% ahora por el aumento de personal, de medios tecnológicos y de coordinación con la DGT, ha añadido Mestres. Según los datos de la Paeria, entre 2005 y 2016, los concejales han pagado 217 multas por la vía ordinaria y otras 65 por vía ejecutiva (incluye recargos). Las prescritas en este periodo son 56. "De perdonar multas, nada de nada. El procedimiento es riguroso y estricto. Lamentamos esta política de destruir del Comú y nos avergonzamos de que sean compañeros nuestros", ha declarado Mestres.

El gobierno municipal se reserva el derecho a ir a la Justicia contra el Comú si han obtenido la información de forma ilegal.