La Mariola pide agilizar los trámites para adjudicar viviendas sociales

La falta de vivienda es un problema palpable en la mayoría de las zonas antiguas de los barrios de Lleida, donde suele haber pisos okupados y, paradójicamente, otros vacíos o tapiados, muchos de ellos propiedad de entidades bancarias. Ante esta realidad, la asociación de vecinos de la Mariola insta a las administraciones a acelerar los trámites para adjudicar pisos sociales a familias necesitadas, “siempre bajo el dictamen de los asistentes sociales, que son los que conocen y evalúan la situación de las personas”, apunta Víctor Ruiz, su presidente. Señala que la okupación sin ningún tipo de control tampoco es la solución e insta a la Paeria y la Generalitat a “movilizar” todas las viviendas de la bolsa social y aumentarla, reforzando los pactos y contratos con las entidades bancarias.

El alcalde accidental Xavier Rodamilans reconoció recientemente que los profesionales de Servicios Sociales están “desbordados”, especialmente en la Mariola, por la cantidad de trabajo y por un exceso de burocratización de sus tareas, “lo que les ha alejado del contacto diario con las usuarios y las personas vulnerables, su verdadera razón de su profesión”. En este sentido, Rodamilans destacó que están inmersos en una reforma integral del sistema de organización de los Servicios Sociales para que el circuito sea más eficiente e individualizado. Así, por ejemplo, indicó que se crearán próximamente cuatro plazas de trabajador social nuevas y que se cubrirán bajas de larga duración. En la Mariola, dos jefes de servicio están de baja desde hace meses.

La difícil convivencia entre propietarios y okupasLos antiguos bloques de protección oficial de la época franquista son hoy en día los que suelen concentrar una elevada proporción de viviendas okupadas (y también tapiadas), que en ocasiones generan problemas de convivencia entre los propietarios y los okupas ilegales. Un caso es el del bloque de Gaspar de Portolà número 1, con varios pisos okupados. Sus inquilinos ilegales defienden que lo hacen por necesidad. “Llevo cinco años en un piso, vivo con mis hijos y mi marido y lo mantengo todo limpio. No quiero problemas, solo vivir dignamente y me tranquilizaría poder tener un alquiler social antes que vivir de okupa”, explica Emilia, que vive en un piso de la planta baja de este bloque que, según relata, es propiedad de una entidad bancaria. En cambio, la propietaria de uno de los pisos lamenta la suciedad y el estado ruinoso del bloque donde compró un piso en febrero. “El edificio no tiene puerta de acceso y entra quien quiere. La mayoría de los inquilinos no pagan gastos de comunidad, recibí una factura de agua de 5.000 euros”, explica. Critica que el gestor que le vendió el piso no le avisó de que varias viviendas estaban okupadas, ya que de saberlo “no lo habría comprado”, añade.