Desalojar a okupas de un piso en Lleida cuesta hasta un año de trámites legales

Desalojar a okupas de un piso, puede costarle hasta un año de trámites judiciales al propietario en Lleida. Salvo que se actúe de inmediato, hay que ir a la vía civil y el proceso es lento. La situación podría cambiar si prospera una reforma legal que se tramita en el Congreso para facilitar desahucios ‘exprés’. La PAH está en contra y pide garantías sociales.Echar a un okupa de un piso puede comportarle a su propietario hasta un año de trámites judiciales en Lleida. Y todavía estará de suerte, porque en juzgados de otras provincias el colapso es mayor y la espera para desahuciar se dispara aún más. Salvo que la okupación se detecte muy rápido y los Mossos desalojen en menos de 48 horas –límite legal para una actuación sin orden judicial–, el propietario está abocado a ir a los tribunales.

“El procedimiento es que tienes que ir al juzgado por la vía civil. Pero no sabes quiénes son los okupas y el juzgado cuando va a notificar no encuentra a nadie y se va demorando. Luego no se presentan al juicio y después tardan mucho en fijar fecha para el desahucio. Cuando acaban saliendo ha pasado un año en que el propietario no ha podido disponer de su piso”, resume el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Lleida, Jaume Facerias.

Algunos propietarios optan por negociar un pago para que se vayan a okupar otro piso y se olviden del suyo

“La normativa ampara totalmente a los okupas, no puedes hacer nada. Me he encontrado en varias ocasiones con que el propietario acaba negociando y pagándoles algo para que se vayan a okupar otro piso”, añadió. “El tiempo que se tarda depende mucho de cada juzgado, pero sí es una demora normalmente desproporcionada. Tardar ocho meses, por ejemplo, puede ser habitual”, corrobora el abogado leridano Ricard Borràs.

“Antes era una cuestión aislada y muy politizada, sobre bienes públicos o de entidades como bancos. Pero cuando se generaliza y empieza a haber la visión de que puede afectar a casi todo el mundo la cosa cambia. Creo que la solución vendrá desde el punto de vista legal, con un cambio de normativa como se hizo para agilizar los desahucios por impagos, introduciendo un procedimiento nuevo por la vía civil mucho más ágil”, añadió.

Esto es lo que pretende, una proposición de ley que tramita el Congreso a iniciativa del PDeCAT. Está orientada a reformar la vía civil para permitir el ‘desahucio exprés’ en okupaciones de pisos de particulares, entidades sociales o de la administración, pero no de entidades financieras. Prevé que este tipo de asuntos se diriman en juicios verbales y que la entrega de la vivienda al demandante sea inmediata si acredita su derecho.

El Congreso aprobó tramitar la propuesta en marzo con el respaldo del PP, Ciudadanos, PNV, UPN y Foro Asturias. Votaron en contra PSOE, Unidos Podemos y ERC. Si no cambian los papeles, el texto tendría votos suficientes para prosperar, aunque habrá que ver si se introducen enmiendas.

Al respecto, el diputado del PDeCAT por Lleida, Toni Postius, indicó que presentaron esta proposición “recogiendo la preocupación del mundo local sobre la okupación ilegal de viviendas por parte de mafias organizadas”. Postius dijo que su texto es el mismo que el de una propuesta que aprobó el Parlament con el voto a favor del PSC, por lo que ve sorprendente que el PSOE se opusiera en Madrid.

Recursos

La PAH reclama que se busque resolver problemas y no solo desalojar. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se muestra muy crítica con la proposición de ley para agilizar los desahucios en casos de okupaciones. “Solo buscan desahuciar, no dar solución a los problemas sociales”, afirmó Henry Mora, quien añadió que el ejemplo de una familia que se va un fin de semana y le okupan el piso no es una situación que se dé más allá de algun caso puntual. “Buscan acelerar mucho el desahucio, pero no hay apartados que digan que van en contra de las mafias, ni recursos para combatirlas y tampoco dice nada de qué pasa con las familias en riesgo de exclusión para que se les busque una alternativa”, añadió.  

La Generalitat tiene 23 de sus viviendas en Lleida okupadas La Agència de l’Habitatge de Catalunya tiene un total de 23 de los pisos sociales que gestiona en Lleida okupados de forma ilegal. Así consta en una respuesta facilitada por el Govern a una pregunta parlamentaria del grupo de Ciutadans, que detalla que de estos veintitrés pisos, 14 los ocupan familias en las que se ha detectado una necesidad social real y que están pendientes de regularizar su situación mediante un proceso de adjudicación adecuado a la normativa, que fijará un precio de alquiler asequible para los ingresos que declaren y que suele ser muy bajo. Puede que se queden en la misma vivienda en la que están o que se les entregue otra, si aquella ya había sido adjudicada a otra familia, precisaron fuentes de la Generalitat. La gran mayoría de los pisos en esta situación se encuentran en la capital (17, 11 de ellos pendientes de regularizar), mientras que también hay dos en Mollerussa, uno en Artesa de Lleida, uno en Bellpuig, uno en La Seu y uno en Tremp. Según este balance, la Agència dispone en Lleida de un total de 1.159 pisos, cifra que incluye no solo los que son de titularidad pública, sino también los que son de propietarios privados, principalmente entidades financieras, y están cedidos para darles un uso social. La mayoría están en la capital (600), pero también hay en Balaguer (81), Mollerussa (66), Cervera (56), Tàrrega (54), La Pobla de Segur (47), Vielha (45), La Seu d’Urgell (35) y en unas 25 localidades más. De ellos, un total de 1.033 están alquilados a las personas a los que les fueron adjudicados, lo que supone un 89% del total. Así, las viviendas en situación irregular suponen un porcentaje muy bajo del total, de apenas un 2%, mientras que las libres son el 8,9% restante. Siempre se intenta tener un mínimo de pisos libres para situaciones de emergencia social.