Cerca de mil leridanos evitan entrar en prisión con trabajos comunitarios

Cerca de mil personas evitaron entrar en la cárcel de Lleida el año pasado a cambio de hacer trabajos comunitarios y también con la asistencia a cursos, programas formativos o tratamientos médicos. Esta opción se llama medidas penales alternativas, un programa que incluyó la reforma del Código Penal de 1995 y que el departamento de Justicia de la Generalitat defiende por su elevado nivel de reinserción.

Según los datos proporcionados por la conselleria, el año pasado un total de 969 personas se beneficiaron de estas medidas penales alternativas, un 48% más que un año antes. El juez impone este tipo de medidas para evitar la cárcel en delitos de poca entidad o condenas de menos de dos años sin antecedentes penales previos. Se dividen en tres tipos: trabajos en beneficio a la comunidad, obligaciones (que incluyen programas formativos, terapias o tratamientos) y medidas de seguridad, que implica, por ejempleo, el ingreso en un centro de rehabilitación o la custodia familiar.

Más de 250 organismos y consistorios ofrecen plazas para hacer estos trabajos autorizados por un juez

El año pasado, los jueces de Lleida aplicaron trabajos en beneficio a la comunidad en ocho de cada diez casos, con un total de 778 personas, que compaginan su trabajo con esta condena alternativa. Para ello, Justicia cuenta con un convenio de colaboración con 249 entidades y administraciones públicas de Ponent que ofrecen más de 500 plazas y cubren todo el territorio, lo que permite al condenado cumplir con su obligación penal cerca de casa y sin romper vínculos familiares y sociales.

Según Justicia, el año pasado se prestaron 76.451 horas en beneficio de la comunidad en la provincia. A modo de ejemplo, la Paeria ofrece plazas en diferentes equipamientos municipales, como el cementario o La Mitjana, así como el Consorci Turó de la Seu Vella, el centro de fauna salvaje de Vallcalent o la protectora de Tàrrega.