El Govern advierte a Madrid que deberá elegir entre “el diálogo o la represión”

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no piensa moverse ni un milímetro mañana en su respuesta al nuevo requerimiento de Mariano Rajoy y advierte que el Ejecutivo popular deberá elegir entre “diálogo y represión”, según dijo el portavoz del Govern, Jordi Turull, ayer, día en el que masivas protestas llenaron las calles de Catalunya.

Carles Puigdemont “no se moverá” de su oferta de diálogo “sin condiciones” que planteó el lunes a Mariano Rajoy, según afirmó Jordi Turull. Dos días antes de que expire el nuevo plazo marcado por Rajoy para que Puigdemont aclare si declaró o no la independencia, Turull recalcó que el Govern volverá a preguntar al Ejecutivo central si “quiere sentarse a hablar” o “va en la dirección contraria” y reacciona con “más represión”. Tras la reunión del Govern, el portavoz del Executiu quiso dejar claro que “la rendición no forma parte de ninguno de los escenarios de este Govern”, porque su “compromiso” con la jornada del 1-O es “total”. “Ni recogeremos velas ni nos quedaremos contemplativos viendo cómo ocupan las instituciones catalanas”, advirtió Turull, que aseguró que si Rajoy rechaza el diálogo que propone Puigdemont “obviamente habrá que tomar decisiones”, aunque no concretó si el Govern levantará la suspensión de la declaración de independencia en caso de que se aplique el artículo 155 de la Constitución.

Un día después de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela enviara a prisión sin fianza a los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, por sedición, Turull consideró una “vergüenza democrática” que en España haya “presos políticos en pleno siglo XXI”, encarcelados por un “delito inexistente”, sedición, por decisión de un “tribunal incompetente”.

El encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que anoche cumplieron sus primeras 24 horas en celdas separadas de los módulos 1 y 4 de la cárcel madrileña de Soto del Real, fue respondido con movilizaciones en toda Catalunya. En la ciudad de Lleida, más de 18.000 personas salieron a la calle por la tarde con una demanda clara: “Queremos libertad para los Jordis y para nuestro país”, una reclamación que se repitió en calles de toda la provincia y el conjunto de Catalunya. Por la mañana, buena parte de ciudadanos secundaron los cinco minutos de paro, movilización convocada con la que se quería mostrar el rechazo al ingreso en prisión de los dos líderes soberanistas.

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El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, advirtió ayer de que si Carles Puigdemont no contesta al nuevo requerimiento del Ejecutivo central, este aplicará el artículo 155 de la Constitución, aunque considera que se puede evitar con una respuesta al requerimiento. Afirmó que todavía existe una vía para el diálogo en Catalunya si Puigdemont aclara que no se proclamó la independencia en el Parlament el 10 de octubre y el Govern se acoge a la propuesta de reforma constitucional en el Congreso de los Diputados: “Lo cambiaría todo”. “El artículo 155 de la Constitución tiene como objetivo garantizar el autogobierno. A nadie se le pide que renuncie a sus principios”, sostuvo al ser preguntado por el eventual alcance de este artículo, aunque no se pronunció sobre si se reemplazaría al Govern en pleno o se convocarían elecciones autonómicas.

Por otra parte, Millo negó que los presidentes de la ANC y Òmnium sean presos políticos porque no están en prisión por sus ideas sino por sus acciones. Considera que los hechos de los días 20 y 21 de septiembre sí que constituyen un delito de sedición porque tuvieron como objetivo impedir la actuación de la policía. “Las personas encausadas son las que instaban a la movilización para impedir la actuación policial. La Guardia Civil, como policía judicial, estaba cumpliendo con su labor”, sostuvo y añadió que una parte de las personas que participaron en la manifestación del 20 de septiembre no lo hicieron de forma pacífica. Pidió que se respete al poder judicial y las actuaciones de los jueces e insistió en que se deben separar las causas judiciales de la solución política al proceso soberanista: “Que una cosa no afecte a la otra”.