La Paeria evita 2.400 cortes de luz, gas y agua al certificar falta de recursos de los afectados

La Paeria ha tramitado este año 5.245 expedientes vinculados a la ley 24/2015 de pobreza energética, que tiene como objetivo evitar cortes de los suministros básicos. Una misma persona puede tener hasta tres expedientes en trámite, uno por cada servicio. De hecho, del total, 2.179 corresponden a electricidad, 2.206 a gas y 860 a agua. Los trabajadores sociales municipales emitieron 2.419 informes favorables, lo que supone acreditar la situación de vulnerabilidad de los afectados, y en 47 casos el informe fue negativo al no cumplir el baremo económico establecido en la ley, según datos municipales. Otros 517 se encuentran en proceso de renovación, puesto que caduda un año después de su emisión. Asimismo, 183 casos están en fase de requerimiento de documentación para acreditar su situación y en otros 1.803 expedientes no lo pudo hacer al no haber acudido a los servicios sociales los afectados. También descartó otros 253 al no ser procedentes por pertenecer a empresas, segundas residencias o incluso a otras poblaciones.

El consistorio detalla que 23 expedientes corresponden a personas en situación de dependencia energética, básicamente por necesitar una máquina por motivos de salud. Además, el teniente de alcalde Xavier Rodamilans destacó que actuaron en 26 cortes de suministros y lograron restablecerlos el mismo día, “porque hay buena relación con las empresas”. En este sentido, Rodamilans recomendó “que al primer aviso de corte contacten con el ayuntamiento” y apuntó que trabajadores sociales y un especalista en pobreza energética se encargan de asesorar a los afectados. Aseguró que “no se cortará ni luz, ni agua ni gas a quien no pueda pagar factura, siempre que nos enteremos desde nuestros servicios sociales”, y estos emitan un informe positivo. El teniente de alcalde valoró la buena disposción de las distribuidoras de energía y agua a la hora de colaborar para buscar alternativas en determinados casos.

Los baremos de las ayudas de urgencia social para familias se establecen en función de la renta per cápita, la composición familias y criterios de salud. Para la admisión de la deuda, hay varios requitisos, como que los clientes de las compañías deben tener un informe positivo emitido por los servicios sociales de Lleida (quedan excluidas las personas aque no han podido acreditar su situación de vulnerabilidad) o que el importe máximo de la ayuda por familia sea de 800 euros.

Ley de pobreza energética activa, pese a la anulación del protocoloUna juez del Contencioso Administrativo de Barcelona anuló el martes el protocolo de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética por un defecto de forma y de competencias, aceptando así el recurso interpuesto por Endesa. No obstante, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya y la Alianza contra la Pobreza Energética recordaron que la ley catalana para este ámbito sigue vigente e impide cortar el suministro a personas en situación vulnerables. El teniente de alcalde Xavier Rodamilans quiso tranquilizar a la ciudadanía y recalcó que “ayuntamiento y Generalitat seguimos teniendo capacidades para ayudar porque solo ha cambiado un protocolo, no la ley”.