Luz verde con los votos del PSC, Cs y PP al crédito de 10 millones para refinanciar la EMU

La Paeria celebró ayer el último pleno municipal del año y el primero después de las elecciones catalanas. Se aprobaron un total de 26 puntos entre los que destaca la concesión de un préstamo participativo a la Empresa Municipal de Urbanismo (EMU) de 10,8 millones de euros para refinanciar su deuda, que salió adelante con los votos a favor del PSC, Ciudadanos y el PP y el voto en contra del resto de grupos de la oposición (PDeCAT, ERC, Crida y Comú). La concejala de Economía y primera teniente de alcalde, Montse Mínguez, defendió el préstamo alegando que el consistorio tiene la posibilidad de endeudarse ya que la deuda de la Paeria, sumando la de la EMU y la del Parque de Gardeny es del 108% (aunque la mitad de la del parque correspondería a la UdL), y que están por debajo del límite del 110% de los ingresos corrientes. El concejal del PP, Joan Vilella, justificó su apoyo recalcando que “en los presupuestos de 2017 estaba plasmada la posibilidad de dar un préstamo a la EMU para estabilizar su situación”. Por su parte, la oposición criticó la constante pérdida de dinero de la empresa municipal. “No podemos mantener un organismo tan deficitario, llevamos 50 millones de euros perdidos, y por eso votamos en contra”, dijo Carlos González, del Comú de Lleida. “Votaremos en contra porque es necesario redefinir la EMU. No se ha demostrado que gestionar los inmuebles públicos haya sido beneficioso para la ciudad”, dijo Pau Juvillà, de Crida per Lleida-CUP. “Es inviable una entidad a la que cada año se le tienen que inyectar 20 millones de euros”, dijo Josep Maria Baiget, del grupo municipal de ERC. Mínguez respondió al Comú diciendo que “esos 50 millones de euros son inversiones que pronto se materializarán”, recriminó a la CUP que “siempre defienden la gestión pública menos en este caso: un ente municipal que hace políticas públicas de vivienda”. Finalmente, el préstamo fue aprobado, al igual que la autorización para una hipoteca sobre la concesión administrativa de un espacio público al gimnasio Ekke por un periodo de 10 años y por un importe de 5 millones de euros.

lleida

En el turno de ruegos y preguntas, el líder del PDeCAT, Toni Postius, preguntó al alcalde si, después de la decisión de de Girona y Sant Julià de Ramis de personarse como acusación particular por las cargas policiales del 1 de octubre, reconsideraría su opinión para hacer lo mismo después de que lo rechazara en el anterior pleno. El alcalde volvió a condenar la brutalidad policial de ese día pero rechazó cambiar de postura en cuanto a presentarse como acusación particular. “Desde que soy alcalde, la ciudad nunca se ha presentado como acusación particular en ningún caso”, recalcó, además de recordar que ya lo condenó en su momento y que el 2 de octubre envió una carta por escrito al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, quejándose de la violencia policial ese día en la ciudad y adjuntando un DVD con imágenes que demostraban esa actuación. Por otro lado, el presidente del grupo municipal de ERC, Carles Vega, pidió que el alcalde condenara ante la subdelegación del Gobierno la actuación policial del pasado día 12 en el Museu de Lleida, cuando técnicos de la DGA se llevaron obras de Sigena, y que exigiera la rectificación de las palabras del presidente de Aragón, Javier Lambán, que se quejó sobre el estado en el que se encontraban estas obras y afirmó que estudiaría denunciar al Museu. Ros respondió que los policías estaban cumpliendo órdenes del juez y que no encontraba adecuadas ni acertadas las palabras de Lambán.