El Govern rechaza ante la justicia indemnizar a la familia del profesor leridano asesinado

La Generalitat ha vuelto a negar que tenga responsabilidad alguna en la muerte de Abel Martínez, el profesor leridano asesinado por un alumno en un instituto de Barcelona en 2015 (ver desglose), por lo que considera que no debe pagar la indemnización de un millón de euros que la familia del docente solicita. Así lo asegura en el escrito de contestación que ha presentado ante la sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tras el recurso que presentaron en marzo del año pasado los padres y el hermano del fallecido, representados por el letrado José Antonio Calles, de Calles Advocats. La familia reclama un millón de euros al Consorci d’Educació de Barcelona (del que forma parte la Generalitat) en concepto de responsabilidad patrimonial al considerar que el centro era responsable del alumno y que fallaron las medidas de control.

La Generalitat reitera ante el TSJC que “la actuación del menor fue absolutamente imprevisible (...) y tampoco se puede apreciar ningún incumplimiento de las normas de organización y funcionamiento del centro escolar”. De esta forma, considera que no tiene ningún tipo de responsabilidad por lo que “la cantidad solicitada a la Generalitat no debe ser en absoluto satisfecha ya que no es responsable de los hechos”, según se informa en el escrito al que ha tenido acceso este periódico. Sin embargo, la letrada de la administración afirma que “en el negado supuesto que se reconozca la existencia de la responsabilidad, la indemnización que correspondería a los recurrentes (los padres del fallecido) debería ser de 129.174,93 euros”.

Estima que debería abonar 130.000 € en el caso que el TSJC dijera que tiene la responsabilidad

La respuesta de Enseñanza ante el TSJC se basa en el dictamen de la comisión jurídica asesora de la Generalitat, que en marzo del año pasado determinó que no existió negligencia, ya que el alumno no presentaba signos de agresividad más allá de un comportamiento pasivo y de bajo rendimiento académico. Asimismo, señala que el centro registró debidamente el retraso del menor ese día (llegó al instituto 20 minutos después de comenzar las clases). El TSJC deberá ahora fijar fecha para la práctica de pruebas y determinar si el Consorci tiene responsabilidad y debe indemnizar a la familia, que sí recibió otra indemnización, de la que no ha trascendido el importe, después de que la Administración rectificara tras considerar inicialmente la muerte solo como un accidente laboral, lo que provocó críticas de miles de docentes.

El próximo mes de abril se cumplirán tres años de la tragedia El próximo 20 de abril se cumplirán tres años de la tragedia. El profesor, de35 años, falleció después de que un alumno de segundo de ESO del instituto público Joan Fuster de Barcelona le apuñalara tras entrar en el centro armado con una ballesta y un machete. Hirió a otra profesora y a varios alumnos. Martínez había llegado al centro siete días antes para ejercer de maestro de Sociales cubriendo la baja de una profesora. El caso se archivó por la vía penal porque el autor era inimputable al tener solo 13 años. El Consejo de Ministros concedió a Abel a título póstumo la más alta distinción educativa del Estado. El caso fue un detonante para abrir un amplio debate sobre alumnos conflictivos. Asimismo, la UdL creó la cátedra Abel Martínez, dedicada a la educación y a la adolescencia, para dar respuestas a las dificultades con que se encuentran muchos jóvenes a las que tienen que hacer frente los centros.