Lleida cuenta con 2.700 sistemas de videovigilancia, el triple que hace 5 años

La instalación de cámaras de videovigilancia en Lleida se ha triplicado en los últimos cinco años hasta llegar a los 2.729 sistemas activos, según el último informe de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Además de garantizar la seguridad, se han convertido en un instrumento clave para las investigaciones policiales.

Los sistemas de seguridad son cada vez más sofisticados y los establecimientos de venta al público, las urbanizaciones y los mismos centros educativos siempre han sido los primeros en aprovecharse de los avances en este campo para implementar la videovigilancia para prevenir y detectar posibles delitos. En Lleida, la instalación de cámaras de videovigilancia se han triplicado en cinco años hasta llegar a los 2.729 ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), de los cuales 2.691 pertenecen a empresas privadas y solo 38 a públicas. En el año 2012 solo había 838 ficheros activos, por lo que el incremento ha sido de un 225%. Cada fichero puede tener varias cámaras, por lo que su número se cuenta por decenas de miles.

Según un vocal de instalaciones de la Associació Catalana de Empresas de Seguridad, esta expansión puede explicarse por la necesidad de protección de la ciudadanía, además de la reducción de los costes en los packs de seguridad y los avances tecnológicos. “Ahora una persona puede controlar a través del móvil qué está pasando en su vivienda las 24 horas”, subraya el especialista en instalaciones, añadiendo que la nueva ley de verificación de imagen también puede haber influido en la proliferación de cámaras. “Desde el 2010 la normativa dice que la empresa de seguridad que detecta un robo puede avisar a las autoridades siempre y cuando la detonación de la alarma vaya acompañada de unas imágenes que verifiquen que se está produciendo un delito. En caso de que no haya cámaras, se tiene que activar más de un detonante para poder avisar a la Policía porque, al no ver qué está pasando en la vivienda o la empresa, se podría tratar de una falsa alarma”, afirma. Aun así, para instalar un circuito cerrado de vídeo hay que cumplir una serie de normas como no obtener imágenes de espacios públicos, advertir de la presencia de cámaras con un cartel a la vista de todos y, siempre que se registren imágenes, será necesario activar un fichero en la misma agencia que podrá incluir una o más cámaras de seguridad.

Son de gran utilidad en investigaciones policiales para identificar criminales y para aportar pruebas

Las cámaras de seguridad también son de gran utilidad en las investigaciones policiales porque sus imágenes pueden permitir la identificación del autor de algún delito, como por ejemplo un atraco a un banco. También pueden ser una prueba clave o indiciaria en la resolución de un crimen. Es lo que ha sucedido con el asesinato en febrero del año pasado de una funcionaria de Enseñanza en la calle Acadèmia de Lleida. Las cámaras, como recogía el auto del juez de instrucción en el que se decretaba la prisión provisional para el presunto autor (Jordi Lanuza Rubinat), mostraron cómo la víctima, Amparo Soler Betés, llegó a su casa a las 14.16 horas del viernes 17 de febrero y que solo un minuto después el acusado aparecía en el portal, pese a que él dijo que acudió al piso a las 14.30 horas y que nadie le contestó. Estuvo 34 minutos en el interior del inmueble, según las filmaciones analizadas por los Mossos.

la portella

“Ha sido una de las mejores inversiones que hemos hecho en el municipio en los últimos años”. De esta forma valora el alcalde de La Portella, Carles Català, la instalación hace cinco años de un circuito de veinte cámaras de vigilancia para evitar robos. Fueron pioneros en la vigilancia en zonas rurales porque la mayoría de ellas se colocaron en los caminos con el fin de evitar los hurtos en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Las cámaras llevan funcionando desde enero de 2013 y requirieron una inversión de entre 30.000 y 40.000 euros.

Català comenta que “la reducción de los robos ha sido drástica, de alrededor del 90% y todos los vecinos se muestran satisfechos. Algunos de ellos todavía querrían que hubiera más”. El alcalde destaca que recibieron la visita de representantes de otros ayuntamientos para interesarse por la iniciativa, que surgió, como los somatenes, para combatir el espectacular aumento de robos en el campo.

“Cuando detectamos un vehículo sospechoso, tomamos nota de la matrícula y llamamos a los Mossos”, afirma Català, que añade que “además, tienen un efecto disuasorio muy importante”. Hasta los Mossos les llegaron a pedir las grabaciones para buscar pistas sobre el crimen en junio del año pasado de Eduard Ardiaca, supuestamente asesinado por su cuñado, Josep Puig-Gros, el empresario cárnico de Benavent de Segrià. El asesinato habría tenido lugar en el obrador de Torre-serona. Otros municipios como Menàrguens y Alcarràs también instalaron cámaras que, junto a otras medidas, han supuesto una reducción de los robos agrícolas.