JUSTICIA ENTIDADES
Academias exigen responsabilidades a la excúpula del comercio catalán
La extinta Confederació Catalana de Comerç dejó sin pagar 425.000 euros a centros de Lleida || Su presidenta era Maria Rosa Eritja, actual responsable de la Fecom
Las academias afectadas por la quiebra de la Confederació Catalana de Comerç (CCC) pedirán que se exijan responsabilidades a los miembros de la junta directiva en el momento en que quebró la entidad, que acabó siendo disuelta en 2016. Entre ellos figura la presidenta de la Federación de Comercio de Lleida (Fecom, Maria Rosa Eritja, presidenta de la CCC en ese momento. Así lo confirmaron algunas de las academias de Lleida a quienes la CCC les adeudaba dinero, como la Versailles. “A nosotros nos deben 140.000 euros. Está siendo un proceso muy lento y no sabemos si acabarán pagando los responsables. Ahora mismo se está tramitando el concurso para determinar si tanto la junta como el secretario general pueden ser responsables de la desaparición de la CCC o no, esperamos saberlo en un mes aproximadamente”, dice Teresa Benavent, directora del centro.
En conjunto, a esta academia y otras nueve de toda la provincia, la extinta confederación les debía 425.000 euros, y las cantidades por cada una oscilan entre los 18.000 y 150.000 euros. De esta cifra, 113.000 euros corresponden a cursos sobre comercio que impartieron en 2015 y que denuncian no haber cobrado. El resto, 312.000, son depósitos que entregaron desde los años noventa como fianza para cubrir cualquier incidencia en la formación que impartían.
Las academias señalan que el proceso judicial “es muy lento” y esperan una decisión en un mes
Entre ellas, además de la Versailles, se encuentran l’Escola, de Almenar y Acser, de Balaguer. Todos los acreedores están representados por el abogado José Luis Martínez Villalba, y esperan que toda la junta directiva de la extinguida CCC y su secretario general, Miquel Àngel Fraile, considerado el máximo responsable de la quiebra, asuman responsabilidades.
Por su parte, Eritja declaró que desconoce la situación actual del proceso y que tampoco sabe si la acusación o el juez han pedido responsabilidades a los miembros de la junta directiva.