Piden ante el juez retirar 9 nombres de calles franquistas aportando un informe como aval

La letrada de la plataforma Lleida Lliure de Franquisme afirmó ayer ante la jueza de lo contencioso que el informe del comité de expertos que encargó la Paeria sobre los nueve nombres franquistas de calles certifica que estaban vinculados con la dictadura y participaron activamente en la persecución, encarcelamiento y ejecución de funcionarios municipales y ciudadanos contrarios al régimen, por lo que pidió a la magistrada que resuelva a favor de retirarlos. El letrado de la Paeria replicó que dicho documento no es concluyente y que no hay suficientes indicios para proceder a la retirada de las placas. Estas fueron las dos visiones contrapuestas en la vista sobre el recurso que presentó esta plataforma contra el ayuntamiento reclamando retirar estos 9 nombres, y que ahora queda pendiente de que la jueza dicte sentencia.

La vista empezó con la intervención de la testigo Rosa Maria Peñafiel, nieta del sindicalista y exedil del PSUC Antonio Cantano, al que la Paeria propuso dedicar una calle a la vez que a Juan Manuel Nadal, que fue director de la Fira y excombatiente franquista, ofrecimiento que Peñafiel rechazó “por la trayectoria de mi abuelo y por dignidad”, dijo. Explicó que solicitó al alcalde Àngel Ros que, si querían poner a su abuelo en el nomenclátor, antes debían retirar los nombres franquistas de la ciudad, y que Ros respondió que “discreparían en los nombres y me dio a entender que no lo harían”. El siguiente en declarar fue David Sancho, miembro de la comisión de calles, que respondió las preguntas sobre la vida de las personas investigadas por la comisión por su vinculación con el franquismo. Por su parte, la profesora de la UdL Antonieta Jarne compareció en calidad de perito para avalar el informe que redactó Sancho y la comisión de calles y recalcó que Juan Recasens y sus hijos participaron en el golpe de Estado de 1936 en Lleida y que Ramón Areny colaboró en la purga o ejecución de centenares de leridanos contrarios al régimen. Por ello, la representación de la plataforma, que corrió a cargo de los letrados Esther Sancho y Josep Cruanyes, también portavoz de la Comissió de la Dignitat, pidió a la jueza la retirada de nueve nombres recalcando un precedente en Bilbao, donde un juez ordenó suprimir un nombre por franquista, aunque aceptan excluir de la lista a Lluís Besa si los expertos concluyen que no está demostrado que participara en el golpe de Estado. El abogado municipal, Joaquim Bernat, alegó que la Paeria cumple la ley de memoria histórica, que el informe no es concluyente, que ya se retiraron monumentos franquistas cuando se siguieron los procesos adecuados y que, por ello, se debe desestimar el recurso. Ahora, la jueza decidirá.