ENERGÍA CONSUMO
El Estado aplaza los contadores individuales en la calefacción central a más allá de 2020
Una directiva europea fijaba el 1 de enero de 2017 como plazo límite, pero el real decreto que la adapta aún no está aprobado || El Gobierno prevé ese año para evaluar si es rentable efectuar el cambio
Una vivienda de la ciudad de Lleida con un contador individualizado en un radiador.
La directiva europea de eficiencia energética dictada en 2012 que obliga a los edificios con calefacción central a instalar contadores de consumo individuales fijaba el 1 de enero de 2017 como fecha límite, pero el real decreto del Gobierno central para adaptar la normativa, que aún no está aprobado, aplaza esta obligación hasta más allá de 2020. De hecho, solo establece plazos límites para que los titulares de instalaciones térmicas centralizadas efectúen una primera evaluación de la rentabilidad económica de instalar contadores individuales y, en caso de serlo, obtener un presupuesto.
El borrador del decreto, facilitado por el Gremio de Instaladores de Lleida, determina los plazos en función del uso, el número de viviendas del edificio y la zona climática en a que se encuentra, definida en el Código Técnico de Edificación (Lleida capital está en la zona D, como el resto del llano, y las comarcas de montaña, en la E). Así, fija el 31 de diciembre de 2019 para edificios de uso diferente al de vivienda y, en la zona climática E, para inmuebles de más de 70 pisos. El 30 de abril de 2020 es la fecha tope en la zona E para edificios de menos de 70 viviendas y en la D, para los de más de 70. El 31 de agosto de 2020 es el último día para los de menos de 70 pisos en la zona D y los de más en la C, y el 31 de diciembre de 2020, para los de menos de 70 en al C. En caso de ser acreditada la viabilidad técnica y económica, el titular deberá instalar los contadores individuales en un máximo de quince meses.
El 90% de los 70.000 hogares afectados en Lleida aún no han instalado contadores individuales
En Lleida hay alrededor de 70.000 hogares con calefacción central, de los que se han adaptado a la normativa solo poco más de un 10%, y el coste de esta operación supera los mil euros, tal como publicó este diario. El presidente de Agrisec, Xavier Ferrer, indicó que la mayoría de afectados por este cambio están a la espera de que la normativa sea firme. Un portavoz del ministerio de Energía apuntó que el real decreto aún puede cambiar y añadió que debe ser aprobado después por el Consejo de Ministros. También esperan un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Asimismo, recordó que en las edificaciones nuevas ya son preceptivas este tipo de instalaciones desde hace años. El Gobierno central tenía previsto trasponer la directova europea en 2014, pero solo lo hizo de manera parcial y en octubre del año pasado, la Comisión Europea instó a España a trasponerla correctamente.
