La causa en la que un juez implica a Mossos de Lleida en el 1-O, a la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional asumirá con toda probabilidad la causa sobre la actuación de los Mossos d’Esquadra de Lleida en el referéndum por el 1 de octubre basada en una investigación de la Guardia Civil. El juzgado de Instrucción 4 de Lleida ha acordado inhibirse en las diligencias en favor del juzgado central de instrucción 3 de la Audiencia Nacional, que dirige Carmen Lamela. El magistrado, en su resolución, argumenta que lo sucedido en Lleida debe ser investigado en una causa general, ya que “es absolutamente imprescindible una instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento, conjunto para alcanzar la verdadera entidad fáctica que se investiga o enjuicia”. Añade que “la actuación de los principales responsables del cuerpo de Mossos d’Esquadra en Lleida no sería sino la de ejecutores del plan, siendo participes de los mismos ilícitos que se investigan en el Juzgado Central de Instrucción”, en referencia al caso del major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y el exdirector del cuerpo, Pere Soler. La causa se abrió contra cuatro mandos de Lleida por presunta desobediencia.

La Guardia Civil registró el 19 de octubre, por orden del juzgado de Instrucción 4, la comisaría de la policía catalana en Lleida para acceder a las grabaciones de la centralita de comunicaciones de los Mossos de Ponent en la jornada del referéndum, unas horas antes y unas después. Además, solicitó el volcado de información de tres móviles, dos de dos altos cargos de los Mossos y el tercero, de un agente. Los investigadores sospechaban, como ya avanzó este periódico, que mandos policiales no solo no hicieron nada para evitar las votaciones en los centros, sino que incluso habrían ayudado y colaborado activamente con los organizadores. Tras su análisis, el juez habla no solo de una inacción de los Mossos en Lleida para evitar “la celebración del referéndum ilegal”, describiéndola de “muy distinta, caracterizándose, no solo por una deliberada actitud pasiva, planificando un servicio que aparentase el cumplimiento de las órdenes judiciales pero claramente insuficiente para el cumplimiento efectivo de las mismas, sino también por una actitud proactiva favorecedora de la realización de la consulta”.