El Estado abre la puerta a bajar el precio de las carreras

El ministro de Educación, Méndez de Vigo, anunció ayer en el Senado que incluirá en los presupuestos generales del Estado de este año una bajada de la horquilla a partir de la cual se calculan el precio las matrículas de los grados universitarios, de manera que las comunidades autónomas puedan fijar unas tasas “más asequibles”. Precisó que las autonomías podrán elegir como tasa en las carreras entre el 0 y el 25% del costes en primera matrícula (ahora es de entre el 15% y el 25%), de manera que so escogen aplicar un porcentaje de la banda baja, el precio final de las titulaciones será menor que el actual.

Esta reducción supondría una nueva modificación del real decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, después de que en 2017 el Gobierno central rebajara las horquillas de las tasas de los másteres no obligatorios. Actualmente, los precios de los grados en las universidades catalanas, de entre 1.750 y 2.600 euros, son los más elevados de todo el Estado y de los más caros de Europa. La Generalitat aprobó el año pasado una disminución del 30% del precio de las carreras para alumnos con rentas bajas, aunque en la UdL nueve de cada diez no se ven beneficiados. “El Estado fija la horquilla, pero son las comunidades autónomas las que fijan el precio. Es verdad que hay disparidades, pero son las comunidades autónomas las que fijan las disparidades, no el Estado”, insistió, en respuesta a críticas del senador socialista Francisco Menacho.

“Segregación es el apartheid de Sudáfrica. En España no existe segregación (escolar)”

Por otra parte, el ministro negó que exista “segregración” escolar, en referencia a la financiación pública de colegios que segregan por sexos, entre ellos dos de Lleida (Arabell y Terraferma). “La segregación es un régimen del apartheid de Sudáfrica. En España no existe ni segregación ni discriminación”, señaló. Asimismo, argumentó que la Convención de la Unesco no considera discriminación los “sistemas de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y femenino”. El pleno del Tribunal Constitucional debatió ayer avalar esta financiación.