El PDeCAT presenta una querella por presunto delito societario, de falsedad de documento mercantil y tráfico de influencias en la EMU

El presidente del grupo municipal del PDeCAT, Toni Postius, ha anunciado esta mañana que su grupo presentará hoy mismo una querella por los presuntos delitos societario, falsedad de documento mercantil y tráfico de influencias contra una docena de responsables de la Empresa Municipal de Urbanismo (EMU), cuyos nombres no quiso desvelar alegando que no quiere centrar este asunto en cuestiones personales, sino en la mala gestión de la EMU. No obstante, entre ellos figurarán con toda probabilidad la presidenta de la EMU, Montse Mínguez, otros responsables del área económica vinculados a la empresa e incluso consejeros de otros grupos municipales que han avalado las cuentas de esta firma. Postius dijo que han dado este paso después de que un grupo de expertos en economía revisaran las cuentas de la EMU de los últimos ejercicios, especialmente los de 2014 y 2015, y alertaran de la existencia de "graves irregularidades". A raíz de ello, detalló, contraron a un equipo de abogados especialistas en sociedades mercantiles que concluyó que hay que trasladar este asunto a manos de la justicia. "Este paso no es agradable para nadie, pero estamos obligados a darlo no solo desde el punto de vista legal, sino como servidores públicos", afirmó.

Postius dijo que esta situación arrancó en 2015 cuando inicialmente el consejo de administración no aprobó las cuentas de la EMU de 2014 y entonces se acordó encargar a una empresa una valoración de los activos de la EMU. Este informe determinó que se habían depreciado en casi 40 millones de euros a causa de la crisis. Postius añadió que, a partir de aquí, el consejo acordó buscar soluciones de futuro para la EMU, que en opinión de su grupo "está técnicamente en quiebra". Indicó que los expertos económicos a los que recurrieron vieron que el depósito de cuentas en el Registro Mercantil del ejercicio posterior, de 2015, incluía cambios sustanciales en las de 2014 en comparación con las que se habían depositado ese ejercicio, y apuntó que ello obedecería a que "no reflejan la realidad de forma intencionada para dar una imagen de que no pasaba nada cuando la situación era crítica", para evitar tener que entrar en concurso de acreedores o ampliar capital, únicas alternativas ante una situación de quiebra. Y finalmente, destacó, en lugar de ello "el ayuntamiento ha concedido un préstamo a una empresa insolvente".  Postius insistió en que la ley obliga a los miembros del consejo de administración a denunciar posibles irregularidades de las que sean conocedores, ya que en caso contrario también pueden ser responsables de ellas.