Fin al 'cheque' para estudiar en castellano en la privada

El Tribunal Constitucional (TC) ha aplicado en un nuevo fallo la doctrina que estableció el pasado 20 de febrero respecto a declarar inconstitucional el procedimiento de la ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa por el que se obligaba a la Generalitat a pagar la escolarización en centros privados de los alumnos sin enseñanza pública en castellano. Se trata del denominado ‘cheque’ Wert de 6.000 euros por alumno, impulsado por el exministro de Educación José Ignacio Wert para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos en Catalunya. Así, de acuerdo a la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los tres últimos párrafos de la disposición adicional 38 de la Lomce dictó en febrero, ahora el Alto Tribunal ha estimado el conflicto de competencia interpuesto por la Generalitat contra el real decreto 591/2014 del ministerio de Educación. Este decreto regulaba los procedimientos para compensar los costes de escolarización en castellano de esos alumnos que no podían estudiar en castellano como lengua vehicular en un colegio público. El pleno del Constitucional ha decidido declarar también “inconstitucional y nulo” ese real decreto recurrido por Catalunya.

La Generalitat alegó, que se vulneraban sus competencias en materia de educación y lengua propia, el régimen lingüístico de la enseñanza en Catalunya y la autonomía financiera y de gasto. Además, para Catalunya, ese real decreto de 2014 desarrollaba un procedimiento de reconocimiento de un derecho de compensación por los gastos de escolarización que comportaba “un control sobre el ejercicio de las competencias de las comunidades autónomas” y habilitaba “para que sean órganos de la Administración General del Estado los que ejerzan actividades de carácter ejecutivo, de instrucción y resolución.

Estima el conflicto de competencia interpuesto por la Generalitat y anula el decreto estatal de 2014

El ministerio de Educación ha recibido 154 peticiones en tres años desde que entró en vigor el curso 2014-2015, de las que en julio de 2017 había estimado favorablemente cincuenta y Enseñanza las recurrió todas.