SUCESOS ENSEÑANZA
El TSJC cita a declarar a compañeras del niño que mató al profesor Abel
En el análisis del caso para determinar si hubo responsabilidad del Consorci d’Educació de Barcelona || La familia reclama un millón de euros de indemnización
Concentración con acto de homenaje al docente muerto a manos de un alumno en la plaza Paeria.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citado a declarar en las próximas semanas a tres compañeras del alumno de 13 años que el 20 de abril de 2015 apuñaló mortalmente al profesor leridano Abel Martínez, de 35 años, en el instituto público Joan Fuster
de Barcelona. Las tres compañeras lo harán en calidad de testigos en el marco de la investigación del recurso presentado en marzo del año pasado por los padres y el hermano del fallecido, representados por el letrado José Antonio Calles, de Calles Advocats. Las estudiantes tendrán que explicar qué es lo que sucedió: si tenían constancia de las ideas delirantes del alumno o si hizo públicas sus intenciones pero el centro hizo caso omiso.
El TSJC quiere determinar si el menor hizo públicas sus intenciones pero el centro hizo caso omiso
El TSJC deberá determinar, con ésta y otras pruebas, si el centro era responsable del alumno y que fallaron las medidas de control, como sostiene la familia, que reclama un millón de euros al Consorci d’Educació de Barcelona (del que forma parte la Generalitat), del que depende el instituto, en concepto de responsabilidad patrimonial.
Cabe recordar, que la Generalitat ha mantenido ante el TSJC que “la actuación del menor fue absolutamente imprevisible (...) y tampoco se puede apreciar ningún incumplimiento de las normas de organización y funcionamiento del centro escolar”. De esta forma, considera que no tiene ningún tipo de responsabilidad por lo que “la cantidad solicitada a la Generalitat no debe ser en absoluto satisfecha ya que no es responsable de los hechos”. Sin embargo, la letrada de la administración afirma que “en el negado supuesto que se reconozca la existencia de la responsabilidad, la indemnización que correspondería a los recurrentes (los padres del fallecido) debería ser de 129.174,93 euros”.
El instituto Joan Fuster siempre ha mantenido que el alumno no presentaba signos de agresividad más allá de un comportamiento pasivo y de bajo rendimiento académico. Sin embargo, un testigo declaró en su momento ante los Mossos, que en su informe ya aseguraron que el menor estaba identificado como un “alumno conflictivo, que conocía las intenciones del adolescente agresor y que hablaron del plan en alguna ocasión. El caso se archivó por la vía penal porque el autor era inimputable al tener solo 13 años.
