¿Adiós a los okupas "profesionales?

“Sobre el papel, creo que es una buena ley y puede ser efectiva. Quizás no tanto como nos quieren hacer creer, pero agilizará el proceso para acabar con las mafias y los okupas profesionales”. Esta es la valoración que hace la abogada Laura Buetas, del despacho Moragues, sobre la nueva ley de desahucios exprés que el pasado martes aprobó el Congreso de los Diputados con los votos a favor de PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT. “Básicamente, esta ley pretende agilizar la duración de un proceso de desahucio. Como media, un proceso de lanzamiento puede alargarse un año e incluso dos, pero con esta normativa reduce mucho los tiempos. Para empezar, una vez se denuncia una situación de okupación, los acusados tienen un plazo de 20 días para presentar documentos que demuestren que estan ahí ilegalmente. Si no los presentan, se procede al desalojo y en dos meses se puede hacer efectivo”, detalla Buetas, que también reconoce que hasta ahora se usaba mucho “la picaresca” para atrasar al máximo posible estos procesos. “Contratar un abogado de oficio, recurrir y presentar alegaciones, entregar documentación falsa... Todas estas técnicas se utilizaban para atrasar al máximo el proceso, sobre todo por parte de okupas que entraban en las viviendas, las alquilaban y se desentendían de la situación”, recalca la abogada. Por ello, concluye que “esta ley busca acabar con las mafias de la okupación, no facilitar el desalojo de familias que estén por necesidad. Es una buena ley, pero veremos cómo se aplica y cual es su efectividad”.

Esperando el desalojo que nunca llega en Grenyana

Una casa okupada en la partida de Grenyana sigue usándose como desguace por parte de sus inquilinos un año y tres meses después de que un juez diera la razón al propietario y ordenara su desalojo. “El juzgado falló a favor de mi cliente, pero los okupas alegaron para ganar tiempo y ahora están ilocalizables, por lo que se ha paralizado todo el proceso”, explica la abogada de Manel Cullerés, propietario de la vivienda que un fin de semana de 2014 se fue a la playa y, al volver, se encontró con la casa que pertenecía a sus padres, okupada. Primero fue utilizada por un grupo de senegaleses como taller ilegal pero, a raíz de la decisión del juez, algunos de ellos abandonaron el inmueble y los que se quedaron utilizaron el espacio como trastero, donde se acumulan varios vehículos desguazados. “Además, algunas partes de la casa están deterioradas, solo faltaría que se soltara algún cascote, hiriera a uno de los okupas y la culpa se la llevara el propietario”, prosigue la letrada. “Es una situación que se ha prolongado mucho y mi cliente no puede ni acercarse a la torre, está desesperado y harto”, concluye. Asimismo, Manel denunció en su momento que este proceso ha afectado seriamente su salud.