“Hacen falta políticas decididas para luchar contra la segregación”

“Hacen falta políticas decididas contra la segregación escolar porque vulnera derechos y la igualdad de oportunidades educativas. Hay que entender que una política educativa de éxito pasa por luchar contra la segregación, porque sin igualdad de oportunidades no será viable”. Esta es la advertencia que hace Maria José Larios, la adjunta al Síndic de Greuges para la defensa de los derechos de los niños y los adolescentes. Habla con conocimiento de causa, ya que la Sindicatura publicó en 2016 dos informes sobre la segregación escolar en Catalunya. Larios recuerda que Lleida ciudad “era el noveno municipio catalán con más segregación y el tercero después de Barcelona y Salt con un mayor número de colegios con más de un 50% de alumnos extranjeros”. Por ello, señala que “hicimos un seguimiento [de Lleida] pidiendo que se adoptaran medidas intensivas” para poner coto a esta situación. Detalla que una era que los equipos de atención psicopedagógica “hicieran una labor de detección de los nuevos alumnos de necesidades educativas especiales del tipo B” -situaciones socioeconómicas y socioculturales desfavorecidas- antes del proceso de escolarización. Destaca que de los datos que les ha facilitado la comisión municipal de escolarización se desprende que está atendiendo esta solicitud, ya que de los 65 detectados en el curso 2016-17 se pasó a 110 en el 2017-18. Otra recomendación, añade, es que en cada zona educativa hay que reservar un número de plazas “coherente” con este número de alumnos y que en todos los centros haya las mismas, porque lo habitual es que los que ya tienen más extranjeros reserven más plazas que los que apenas tienen, especialmente los concertados. Aunque admite que la legislación da a la familias libertad de elección del centro, aboga por “hacer un acompañamiento a estas familias e incentivarlas para que sus hijos vayan a determinadas escuelas”. Larios cree que el hecho de que buena parte de los centros concertados estén vinculados a la iglesia católica “no debe ser un impedimento”. “Pueden escolarizar a cualquier alumno respetando su derecho a no hacer la clase de religión”, afirma, e indica que lo mismo debe suceder con las actividades complementarias para las que cobran una cuota. “Nosotros propusimos un pacto impulsado por el Síndic y por Enseñanza para combatir la segregación. Comenzamos a hablarlo, pero quedó parado por la situación política”, señala, y anuncia que “tan pronto como haya nuevo Govern lo retomaremos”. “Hay un punto en común por parte de todos los miembros de la comunidad educativa: que la segregación debe combatirse”, subraya, pero avisa que pasar de las intenciones a los hechos puede comportar la necesidad de “adoptar medidas que políticamente igual no son populares en algún ámbito”.