TRIBUNALES JUICIO
Primer juicio a un policía por las cargas policiales del 1-O en Lleida
Le piden 4 años de inhabilitación por propinar un puñetazo a un votante en la EOI
Actuación policial contra los votantes en el EOI el 1 de octubre.
El juzgado de Instrucción número 1 de Lleida acogió ayer el primer juicio por las cargas policiales contra votantes del 1-O. La víctima es un joven que resultó herido mientras esperaba para votar en el colegio electoral de la Escola Oficial d’Idiomes (EOI) en el barrio de Pardinyes. Según la víctima, el agente de la Policía Nacional acusado le propinó un puñetazo en la mandíbula, además de agarrarle de los brazos. Durante la vista oral, el joven ratificó la denuncia que presentó en su día contra el agente, del que tenía constancia de su número de identificación.
El policía, que declaró en el juicio mediante una videoconferencia desde Sevilla, negó los hechos. La defensa del joven herido solicitó que se le imponga al agente una pena de multa de uno a tres meses por un delito leve de lesiones, además de pedir que se le inhabilite para el ejercicio de un puesto de función pública durante cuatro años. También solicitó que afronta el pago de responsabilidad civil por los daños causados al joven. El juicio quedó visto para sentencia.
Se trata de la primera vista que se celebra por la represión policial durante la celebración del referéndum sobre la independencia de Catalunya el pasado 1 de octubre. Más de un centenar de personas resultaron heridas por la actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en las comarcas leridanas. Actualmente, los juzgados de Lleida y de Solsona mantienen abiertas 15 causas que engloban a 65 víctimas de las cargas policiales. Todas ellas están representadas por abogados que forman parte de la asociación Advocacia per la Democràcia de Lleida. El juicio llega después de que el lunes la entidad ratificara la querella presentada contra la subdelegada del Gobierno central en Lleida, Inma Manso, y el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por ordenar las cargas. Les acusan de delitos como prevaricación, torturas o contra derechos fundamentales. Asimismo, el pasado día 13 declaró un vecino herido en las cargas del colegio electoral de Benestar Social.
