Velocidad excesiva en un accidente con dos jóvenes leridanas fallecidas

Los Mossos d’Esquadra han determinado que el coche que el pasado 3 de febrero sufrió un accidente en Tarragona en el que fallecieron dos jóvenes leridanas que viajaban como ocupantes accedió a la rotonda de Les Gavarres a una velocidad mínima de 117 kilómetros por hora cuando la velocidad máxima permitida era de 40 km/h. De esta forma, se confirmaría la conducción temeraria, que es uno de los delitos que los Mossos imputaron al conductor, un vecino de Lleida de 22 años. También está siendo investigado por un doble delito de homicidio por imprudencia y conducción sin haber obtenido nunca el carnet. La policía catalana ya ha entregado su informe al juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona que investiga el caso. El informe, sin embargo, también determina que, pese a que las agujas del velocímetro quedaron bloqueadas en los 145 km/h, “los datos que muestra no se corresponden” con la velocidad real, que era de 117 km/h. El coche cayó por un talud de 11 metros de altura y fue a para a la A-7. Un conductor que presenció el accidente ya afirmó ante el juez que el vehículo circulaba a una “velocidad tremenda”, como publicó este periódico en mayo. A consecuencia del impacto, el coche provocó daños en la vía valorados en cerca de 5.000 euros. El joven podría llegar a enfrentarse a una petición de más de 10 años de prisión por los delitos. El Código Penal prevé entre uno y cuatro años de prisión por homicidio imprudente (está acusado de dos delitos); de seis meses a dos años de prisión por conducción temeraria y de tres a seis meses por conducir sin carnet. A consecuencia del accidente fallecieron las dos acompañantes, que viajaban en la parte delantera y posterior del vehículo: Elisenda Calderó López, de 27 años y vecina de Alcoletge (aunque con muchos vínculos en Aitona y Seròs), y Tamara Hernando González, de 19 años y del barrio leridano del Secà de Sant Pere. El conductor fue rescatado del interior del coche en estado grave. Una de las familias de las víctimas, representada por el letrado Xavier Prats, se ha personado como acusación particular en una causa penal que todavía se instruye.