Eximen a un policía del 1-O y aplican la ley Mordaza al denunciante

El juzgado de Instrucción número 1 de Lleida ha absuelto al agente de la Policía Nacional acusado de propinar un puñetazo en la mandíbula a un joven durante la carga policial del 1-O que hubo en el colegio electoral de la Escola Oficial d’Idiomes (EOI), en el barrio de Pardinyes, y ha abierto diligencias contra el denunciante porque podría haber incurrido en una infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley Mordaza. Este juicio, celebrado el pasado 26 de junio, fue el primero por las cargas policiales que hubo aquella jornada.

La jueza, que no da credibilidad a la versión del denunciante, ha estimado la petición de la Fiscalía, que considera que el hombre podría haber incurrido en una infracción del artículo 36.4, que persigue “los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito”. Está tipificada como una infracción grave para la que se prevén multas que van de los 601 hasta los 30.000 euros. El expediente se enviará a la subdelegación del Gobierno, que deberá decidir si lo sanciona o no. En cambio, la letrada del denunciante, Núria París, de Advocacia per la Democràcia, aseguró ayer que “recurriremos la sentencia ya que esta decisión nos parece inaudita”.

En el juicio, el joven ratificó la denuncia que presentó en su día contra el agente, del que tenía constancia de su número de identificación. Aseguró que le propinó un puñetazo en la cara y le agarró por los brazos. En cambio, el policía, que declaró por videoconferencia desde Sevilla, negó los hechos. La defensa del joven herido solicitó que se le impusiera una pena de multa de uno a tres meses por un delito leve de lesiones, además de pedir que se le inhabilite para el ejercicio de un puesto de función pública durante cuatro años. También solicitó que afrontara el pago de responsabilidad civil por los daños causados al joven, que presentó parte de lesiones.