Protección para la víctima sin tener que declarar contra su maltratador

El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incluye, entre las principales novedades, que las víctimas no deberán declarar contra su agresor para recibir protección social y jurídica, como necesitaban hasta ahora, y dispondrán de otras posibilidades además de la sentencia firme para acreditar su condición de maltratada. El Gobierno central también devuelve a los ayuntamientos la competencia en la lucha contra la violencia machista. La reforma de la ley contra la violencia de género tiene como fin “mejorar” la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos “que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas”. De esta forma, la maltratada podrá personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

El Gobierno central se basa en el Convenio del Consejo de Europa para no supeditar la protección de las víctimas al ejercicio de acciones legales o declaración contra el maltratador. De esta forma, modifica la ley integral para ampliar los mecanismos con los que las mujeres podrán acreditar las situaciones de violencia, lo que hasta ahora hacían con la sentencia. El reconocimiento de los derechos se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de acogida. Además, el Ejecutivo ha hecho efectiva una transferencia de 120 millones a las comunidades y ayuntamientos para luchar contra el maltrato. De esa partida, 20 millones de euros serán para los ayuntamientos en 2018, y se duplicará en 2019, hasta alcanzar los 40 millones de euros. El real decreto también modifica el Código Civil para que los menores expuestos a violencia de género no requieran el permiso del maltratador para recibir atención psicológica.

Atendidos 118 niños de padres separados en un ‘punt de trobada’ ? Un total de 118 niños y niñas pasaron el año pasado por el Punt de Trobada de Lleida, un espacio neutral utilizado por parejas separadas y en conflicto para visitar o cederse los hijos. Según datos del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, un total de 84 familias usaron este espacio en el último ejercicio, cuatro más que un año antes. De estas, 20 tenían una orden de protección judicial por violencia de género. Las atenciones se han disparado en los últimos años ante el aumento de las separaciones conflictivas. Por su parte, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, exigió ayer a la dirección general de Familias una solución “inmediata” que acabe con la saturación de los servicios técnicos de puntos de encuentro familias tras recibir distintas quejas sobre dilaciones en los encuentros.