Fiscalía investiga a la abogada jefa de la Generalitat en Lleida por un máster

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal a raíz de la supuesta falsificación de un título de máster por parte de la abogada jefa de la Generalitat en Lleida. Según una denuncia, la presunta falsificación permitió a la letrada acceder al cargo. La Generalitat alega que la formación existió y que solo ha habido dos errores formales de la UAB.

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal a raíz de la supuesta falsificación por parte de la abogada jefa de la Generalitat en Lleida, María de Araceli Bermúdez Flores, de un título de máster para obtener esta plaza. Fuentes de la Fiscalía explicaron ayer a este diario que la investigación se ha iniciado a raíz de la presentación de una denuncia en la que se afirma que la actual abogada jefa de la Generalitat en Lleida accedió a este cargo alegando, como mérito principal y preferente, que estaba en posesión de un título de ‘Màster en Dret de Catalunya’ obtenido en la Universitat Autònoma de Barcelona en el curso 2005-2006. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, “efectuadas las oportunas indagaciones, la Universitat Autònoma de Barcelona manifiesta no haber ofrecido ningún máster en Dret de Catalunya o Dret Públic de Catalunya en 2005 o 2006, ya fuera un título oficial o un título propio”. El texto añade que “cabe tener en cuenta que un máster, ya sea oficial o propio, tiene una duración mínima de 60 créditos y máxima de 120”, y la actual abogada jefa en Lleida “alegó en su solicitud que su ‘máster’ tuvo una duración de 36 créditos”. Siempre según la denuncia que ha dado pie a la investigación de la Fiscalía, en los años 90 “la administración ofrecía (...) un curso para juristas. Dicho curso lo organizó (...) l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, y se impartía en las instalaciones de la Universitat Autònoma de Barcelona. Recibía el nombre de ‘mestratge en Dret Públic’, y a su finalización los funcionarios obtenían la consideración de magíster en Dret. Dicho curso, por sus características, duración y titulación, no puede equipararse a un Máster, ya sea oficial o propio, ni concede un título similar (...); a lo sumo puede considerarse un mero posgrado”.

Esta denuncia provocó la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía a finales del pasado mes de julio. Por su parte, el departamento de la Presidencia de la Generalitat, del que depende el Gabinete Jurídico de la administración autonómica, entiende que la formación existió y solo hubo errores formales.

“No se trata de otro caso Casado; la formación existió”

Una portavoz del departamento de la Presidencia de la Generalitat, al que está adscrito el Gabinete Jurídico, explicó ayer a este diario que este caso no tiene nada que ver con el de Pablo Casado, el flamante líder del PP cuyas supuestas irregularidades con un máster le llevaron ayer ante el Tribunal Supremo al advertir la jueza instructora indicios de delitio. Según la portavoz de la administración autonómica, en el caso de la abogada jefa de la Generalitat en Lleida “la formación existió, ya que hizo unos cursos jurídicos que organizó la Generalitat para funcionarios entre 1991 y 1993 y que se celebraron en las instalaciones de la Universitat Autònoma”. Siempre según esta versión, “lo que ocurrió es que en 2005 la actual abogada jefa de la Generalitat en Lleida se dio cuenta que no tenía la acreditación del título y la pidió a la Universitat Autònoma, y fue esta institución la que, en el certificado correspondiente, hizo constar, por error, que se trataba de un máster”. Según esta portavoz, no fue este el único error que cometió la universidad en este trámite, ya que también hizo constar que el curso se había hecho en 2006 en lugar de principios de los años noventa. Esta parte también destacó que, “antes del plan de Bolonia, la distinción entre los términos ‘máster’ y ‘magíster’ era mucho más difusa que hoy”. La portavoz explicó que toda esta información se facilitará a la Fiscalía cuando la requiera, y destacó que el cargo de abogada jefa de la Generalitat es de libre designación y no un concurso de méritos.

La instrucción del caso ha sido designada a un fiscal Tras abrir a finales de julio diligencias de investigación penal, la Fiscalía designó un fiscal para instruir el asunto. Como la entrada de la denuncia es reciente, las pesquisas que se han hecho son pocas todavía. La Fiscalía deberá determinar si, como se sostiene en la denuncia, la conducta de la abogada jefa de la Generalitat en Lleida, “lejos de ser un error o una mera exageración del currículum vitae, fue intecionada, por cuanto hay que considerar que ante la falta de otro mérito -como pudiera ser haber superado un proceso selectivo equiparable a unas oposiciones, tener publicaciones, haber impartido cursos, tener acreditada actividad docente o haber obtenido títulos de dotorado o máster- se alegó dicho mérito como preferente”. La denuncia entiende que estos hechos “pueden suponer la comisión de un delito de falsedad”, y añade que “en cualquier caso se trata de un fraude” al atribuirse “un título del que se carece”. La Fiscalía decidirá.