PRISIÓN RECLAMACIONES
Un preso de Ponent reclama 1,5 millones porque no pudo salir de la cárcel para ser operador de bolsa
Un interno de Ponent reclama 1,5 millones porque no pudo salir de la cárcel para ser operador de bolsa|| Cumplía una condena de 10 años por narcotráfico
De preso a ‘broker’ fallido
Aspirar a una profesión y no conseguirla tiene un precio. Esto es lo que pensó un interno de la cárcel de Ponent cuando el centro penitenciario le denegó los permisos de salida para ser operador de bolsa.
Ahora reclama a la Generalitat una indemnización de 1,5 millones de euros, cuantía que él considera que ha dejado de ingresar por “perder” esa oportunidad laboral. Así consta en una resolución de la comisión jurídica asesora, del departamento de Justicia, en la que resuelve a favor de la cárcel y deniega la indemnización, que califica de “desorbitada e injustificada”.
En el acta se explica que el reclamante es un interno del Centre Penitenciari Obert de Lleida, donde disfruta del tercer grado tras cumplir la parte de la pena de 10 años que le fue impuesta en 2014 por transporte ilícito de sustancias estupefacientes.
El interno solicitó permisos de salida en días laborales para poder trabajar como “operador en el mercado de activos de opciones binarias”. Sin embargo, la prisión le denegó las salidas al entender que su reinserción pasaba por una actividad laboral más adecuada a sus conocimientos y que ser “broker” no era un objetivo realista.
El interno alega que al no dejarle salir, la cárcel le ha hecho perder 1,5 millones de euros en beneficios
El hombre reclama a la Generalitat por los “perjuicios económicos que le habría causado” por la denegación de los permisos de salida entre junio de 2017 y enero de 2018.
Para ello, adjunta impresiones de pantalla de una plataforma virtual así como gráficos y fórmulas de cálculos basadas, según la comisión, en “inversiones ficticias”. El interno hizo dos reclamaciones: una de 1,5 millones de euros al departamento de Justicia y otra de más de 3,8 millones a la secretaría general de Instituciones Penitenciarias del ministerio del Interior.
Una vez iniciado el procedimiento en la comisión jurídica, el preso se quedó con la reclamación de menor cantidad. Por su parte, la comisión rechaza la solicitud al entender que es “desproporcionada y desorbitante” y recuerda que la finalidad del tratamiento penitenciario es hacer del interno “una persona con capacidad para poder subsanar sus necesidades” y que el trabajo como “broker” no es ni parece una actividad “realista” para alcanzar este objetivo.
