Juzgados de Lleida paralizan sentencias sobre hipotecas a la espera del Supremo

La indecisión del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto hipotecario ha llevado a los juzgados de Lleida a paralizar las sentencias sobre esta materia, a la espera del pleno convocado para el 5 de noviembre. El TSJC alerta de un “aluvión” de demandas en el tribunal de cláusulas suelo, que acumula un retraso de 15 meses para celebrar vistas.

El juzgado de Lleida responsable de las demandas por productos financieros abusivos ha paralizado la emisión de sentencias hasta conocer la postura del Tribunal Supremo (TS) sobre quién debe asumir los gastos de la firma de hipotecas. Una decisión que está previsto que se conozca el próximo 5 de noviembre, cuando se celebrará un pleno después de que la sección tercera de este tribunal emitiera una sentencia el pasado jueves que fijaba que era la banca quien debía pagar el tributo en la firma de una hipoteca (impuesto de actos jurídicos documentados), contradiciendo otra sentencia del mes de febrero que atribuía el gravamen al consumidor. Al respecto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos, señaló ayer desde Lleida, donde se celebró la reunión semanal del órgano catalán en la Audiencia Provincial, que la decisión del Supremo ha llevado al juzgado de lo Mercantil de Lleida, como a los otros tribunales catalanes de cláusulas suelo, a posponer las sentencias. Una postura que Barrientos calificó de “prudente” y “razonable”, ya que el pleno del Supremo del próximo mes fijará la jurisprudencia.

No obstante, no se están aplazando juicios, que en el caso del Mercantil tienen un retraso de entre 14 y 15 meses en Lleida, ya que ha ingresado más de 1.500 demandas por cláusulas suelo desde junio de 2017. Barrientos admitió “inseguridad jurídica” ante la decisión del TS y señaló que ha abierto “un escenario incierto que puede ser preocupante”. Además, alertó de un “aluvión” de demandas una vez se fije el criterio a aplicar, que cree que se mantendrá a favor del consumidor, lo que obligará a pensar en reforzar los juzgados, que en Lleida ya tiene un magistrado extra. Para el presidente del TSJC, aumentará la carga de trabajo de los tribunales si el Supremo fija que el consumidor puede reclamar con carácter retroactivo.

Algunos bancos optan por anular firmas de hipotecas hasta el pleno

Fuentes del sector notarial señalaron ayer a este diario que algunas entidades han optado por anular las firmas de hipotecas previstas en Lleida a la espera del pleno del Supremo para decidir quién debe asumir el impuesto de actos jurídicos documentados. Así lo han constatado los notarios tras observar una bajada en la firma de nuevas hipotecas en los últimos días después de que el alto tribunal rectificara sobre su posición sobre el gasto hipotecario. Las mismas fuentes señalaron que en las hipotecas que sí se firman, las entidades mantienen que el “sujeto pasivo”, es decir, quien debe pagar el impuesto, es el consumidor. En este proceso, los notarios suelen informar a los clientes de la revisión que hace el Supremo y les dicen que el criterio se fijará en la reunión del pleno prevista para dentro de 15 días. Según los notarios, la situación actual ha supuesto un “terremoto” y la decisión del Supremo tiene un “gran calado económico”. De todas formas, instan a esperar a la decisión final.

Podemos se querella contra el juez del TS que ha convocado el pleno

Podemos presentó ayer una querella contra el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, por un posible delito de prevaricación por su decisión de elevar al pleno de la Sala la jurisprudencia posterior al fallo que atribuye a los bancos y no a los particulares la obligación de hacer frente al impuesto sobre las hipotecas. Además, pide que el pleno convocado para el próximo 5 de noviembre sea suspendido. Entre las reacciones que ha provocado la revisión del Supremo, ayer destacó la del magistrado emérito de este tribunal José Antonio Martín Pallín, que calificó de “insólito, un desastre y muy desagradale” la reacción del TS con la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas. Desde la Generalitat, la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, tildó la revisión del TS de “improcedente y escandalosa”, mientras que desde el gobierno central, Margarita Robles, magistrada y ministra de Defensa, la calificó, al igual que Pallín, de “insólita”.