Calvario judicial de 4 años para poder volver a entrar en su casa okupada en Grenyana

Para conocer el calvario que ha vivido Manel Cullerés, hay que retroceder hasta 2014, cuando una casa de su propiedad ubicada en la partida de Grenyana fue okupada y reconvertida primero en un taller ilegal y luego en un desguace. “A partir de entonces he sufrido una auténtica pesadilla y problemas de salud por tener que demostrar que esa casa era mía y de mi familia y para desalojar a esa gente”, explica Cullerés. El proceso judicial acabó el pasado lunes, cuando la Audiencia Provincial le dio la razón y desestimó el recurso de un okupa para al fin recuperar lo que es suyo. “Ahora que ya puedo volver por aquí debo hacer una serie de reformas estructurales en la casa que el ayuntamiento me ha pedido ejecutar cuanto antes”, señala, e incluso detalla que la Paeria le envió una carta advirtiéndole de que si no las llevaba a cabo se podía enfrentar a posibles sanciones. “Yo hubiera hecho las reformas cuanto antes, pero el problema era que no podía entrar en mi casa”, señala Cullerés.

“Me encontré la torre okupada cuando volvía de pasar un fin de semana en la playa con mi familia. Primero fue utilizada por un grupo de senegaleses como taller ilegal pero, a raíz de la primera sentencia del juez para desalojarlos, algunos de ellos abandonaron el inmueble y los que se quedaron presentaron alegaciones y utilizaron el espacio como desguace, donde se acumularon varios vehículos desguazados que todavía están allí”, añade.

Ahora, el ayuntamiento le ha instado a hacer una serie de reformas estructurales en la vivienda

“Este caso es un ejemplo de como actúan algunas bandas de okupas”, asegura la abogada de Cullerés, Mónica Seuma. “Alegaron varias veces para ganar tiempo y durante unos meses estuvieron ilocalizables, por lo que se paralizó todo el proceso”, asegura Seuma.

Cullerés reconoce que “los okupas se fueron a principios de este verano, pero dejaron tirados por ahí varios coches, restos metálicos y basura de cuando utilizaban mi casa como taller ilegal, y hasta que no ha salido la sentencia este lunes no se ha acabado toda esta pesadilla judicial”.

Mientras, la Paeria aprobó a mediados de 2016 la clausura del taller, ilegal a todas luces en l’Horta. Pero ello no frenó a las personas que lo explotaban, que ignoraron esta orden y no se retiraron del lugar hasta que vieron que el fallo de la Audiencia Provincial se acercaba. Ahora, el ayuntamiento ha instado a Cullerés hacer una serie de actuaciones en la casa para evitar posibles derrumbes o defectos en su estructura. “Lo pasaba mal solo con pensar que si se desprendiera parte de la casa y hubiera herido alguno de los okupas el culpable hubiera sido yo y podía enfrentarme a graves multas”, subraya Cullerés. “Por eso las haré cuanto antes”, concluye. Asimismo, espera que su caso sirva “para agilizar tanto judicial como burocráticamente casos similares al mío para que nadie tenga que pasar por la impotencia que he sufrido estos últimos años”.

La nueva ley prevé desahucios en solo dos meses El Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de abril la ley para acelerar los desahucios de viviendas okupadas por mafias o okupas profesionales, que entró en vigor en julio. Teóricamente, esta normativa permite sustanciar en solo dos meses los trámites judiciales para un desahucio, que hasta ahora solían prolongarse al menos un año. El caso de Cullerés demuestra que incluso pueden alargarse mucho más, aunque la PAH cree que esta ley “persigue a las familias”.