SEGRE

TRIBUNALES PRODUCTOS FINANCIEROS

El Supremo decide hoy quién paga 25 millones de tasas de hipotecas de Lleida

Será el coste para bancos si el tribunal dice que deben asumir el impuesto de 4 años

Imagen de archivo de una protesta ciudadana ante el Tribunal Supremo, cuya sala de lo Contencioso se reúne hoy.

Imagen de archivo de una protesta ciudadana ante el Tribunal Supremo, cuya sala de lo Contencioso se reúne hoy.EFE

Creado:

Actualizado:

En:

El pleno de la sala de lo contencioso y administrativo del Supremo se reúne hoy para decidir si el impuesto hipotecario debe ser asumido por los clientes o por las entidades financieras. Un conflicto insólito del que están pendientes centenares de leridanos para reclamar y que podría suponer para los bancos entre 25 y más de 200 millones en Ponent.

Centenares de leridanos están a la espera de la reunión hoy del pleno de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo para decidir quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, si el banco o el cliente. Los jueces de esta sala debatirán sobre la reciente sentencia que hacía recaer el impuesto en las entidades y modificaba la jurisprudencia anterior concluyendo que no es el prestatario el sujeto pasivo, sino la entidad que presta el dinero.

Todo parece indicar que el pleno no revocará la sentencia, sino que limitará su alcance aplicándose a las hipotecas que se firmen a partir de ahora o retrotrayendo a solo 4 años atrás. Fuentes consultadas por este diario apuestan por esta limitación a cuatro años, cuando prescribe el impuesto hipotecario, y entonces los clientes podrían reclamar directamente a las haciendas autonómicas sin pasar por los juzgados. Las demandas presentadas hasta ahora reclamando los gastos de la firma de la hipoteca, tanto el impuesto como la gestoría, notaría y registro, eran muy pocas.

La PAH de Lleida leerá un manifiesto a las 10 horas en la puerta de los juzgados del Canyeret

Según las mismas fuentes, muchos consumidores desistieron de reclamar cuando en marzo de este año otra sentencia del Supremo estableció que el impuesto de actos jurídicos documentados , el que realmente sube la factura de la firma de una hipoteca, debía pagarlo el cliente. Si ahora el alto tribunal mantiene el criterio de que los bancos deben afrontar todos los gastos, se prevé un aumento de las reclamaciones. Las fuentes consultas cifran los gastos de firmar la hipoteca entre 2.000 y 3.000 euros. Con una retroactividad a cuatro años, la banca debería pagar más de 25 millones de euros a los hipotecados de las comarcas de Ponent. Una cantidad que el consumidor podría reclamar a la Hacienda autonómica y esta, a la banca, al no haber prescrito. Beneficiaría a más de 12.700 hipotecas. Si hubiera retroactividad total el montante a pagar superaría los 200 millones teniendo en cuenta las hipotecas firmadas en la provincia en los últimos 15 años, con más de 141.000 préstamos. Las firmadas antes de octubre de 2014 se deberían reclamar por la vía judicial.

Un alud de demandas colapsaría aún más el juzgado de cláusulas suelo

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, alertó hace un par de semanas que un nuevo “aluvión” de demandas por el impuesto hipotecario volvería a colapsar los juzgados especializados en resolver los pleitos por las cláusulas suelo. En Lleida, este juzgado es el de Primera Instancia número 6, que cuenta con un juez de refuerzo, y que hasta el mes de octubre ha recibido más de 1.500 demandas por productos financieros abusivos. Una carga de trabajo por la que acumula un retraso de entre 14 y 15 meses para señalar juicios. Según Barrientos, si el Supremo decide que el cliente puede reclamar por el impuesto de actos jurídicos documentados y debe hacerlo por la vía judicial, será como “volver a la casilla de salida”. Por ello, tanto el Poder Judicial como la administración instan a la banca a que, si deben hacer frente al impuesto, informen a sus clientes y aboguen por la mediación para evitar un alud judicial. Mientras, la Generalitat aboga porque las demandas sobre productos financieros abusivos vayan a reparto entre diferentes juzgados y no solo a un único juzgado. Cabe recordar que, antes de que se pronunciara el Supremo al respecto, un juzgado de Lleida dictó el año pasado que el impuesto hipotecario debía afrontarlo la entidad bancaria y no el cliente. Como ya publicó SEGRE, se trata de un fallo pionero que está a la espera de recurso ante la Audiencia Provincial de Lleida, que espera a la decisión de hoy del alto tribunal.

tracking