Una residencia de Lleida da el alta voluntaria a un enfermo de Alzheimer sin avisar a los familiares

Un anciano de 76 años y diagnosticado de Alzheimer y atrofia cerebral firmó el alta voluntaria de la residencia pública Balàfia II y se ha quedado sin plaza. “Mi padre dijo a las asistentas sociales pasado día 31 que no quería volver a este centro de día de atención a personas mayores. Entonces, le dieron un papel para que firmara el alta voluntaria y la enviaron a la Generalitat para validarle el documento sin haber avisado previamente a nadie de la familia. Al día siguiente tuvo que abandonar el lugar y ahora está en casa y en lista de espera”. Así resume la situación que ha vivido Josep Maria y su familia esta última semana después de que los responsables del centro de día para personas mayores Balàfia II dejaran que su padre firmara un documento para no tener que volver al geritátrico, algo que la familia denunciará. “Desde el centro nos avisan siempre de cualquier incidencia pero no nos dijeron nada de algo tan importante hasta que ya era tarde porque el documento ya había sido firmado y enviado a la Generalitat”, asegura Josep Maria, que ayer intentó anular el alta voluntaria para que pudiera volver al centro pero, por ahora, el anciano vuelve a estar en lista de espera. Además, la familia estaba en trámites para que el juez le diera la incapacidad y por ello su hijo quiere “denunciar este caso porque no entendemos que, con la patología que padece, le dejen firmar este tipo de documentos y porque no queremos que se repita esta situación nunca más”.

Por su parte, el gerente del Institut Català de Salut (ICS), Jordi Cortada, dijo lamentar esta situación y aseguró que intentan solucionarla, pero que “cualquier otra cosa que no hubiera sido dejarlo marchar sería una retención ilegal. No es la primera vez que ese señor pedía el alta del centro, además, es una persona perfectamente autónoma y si no quería estar allí no podíamos impedírselo, se escapa de nuestro ámbito, porque así lo fija la ley”. Una opinión que comparten los responsables de Balàfia II. “Consultamos con Fiscalía cómo actuar en este tipo de casos, y la ley dice que cuando una persona con Alzheimer no está incapacitada puede firmar cualquier documento”, aseguró una trabajadora del centro. Tanto ella como Cortada señalaron que “las listas de espera son competencia de Bienestar Social y la familia fue informada de que el afectado se quería marchar”, algo que su hijo niega, ya que les avisaron “cuando ya estaba firmado y enviado a la Generalitat”.