El Govern dice que la Paeria revisa el POUM sin su aval

El conseller de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, afirma en una respuesta parlamentaria a CatECP que “en los archivos del departamento de Territorio y Sostenibilidad no consta ninguna solicitud ni autorización del departamento que permita iniciar el trámite de revisión anticipada para el planeamiento vigente en Lleida”. Se refiere al nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), que el pleno de la Paeria aprobó inicialmente en abril, que sucederá al Plan General aprobado en 1999, con una vigencia de 20 años. La Generalitat afirma, sin embargo, que el 14 de julio de 2003 “se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolución del conseller de Política Territorial y Obras Públicas de 16 de enero de 2003, de aprobación definitiva del texto refundido del plan general de ordenación de Lleida, con el texto de las normas urbanísticas del plan” y remarca que “la publicación de estas normas determinó la entrada en vigor del plan”. Señala que el 25 de mayo de 1999 el DOGC ya publicó la resolución del conseller del 7 de mayo de ese año de “dar conformidad al documento reeditado” que incorporaba prescripciones del titular del departamento de 23 de diciembre de 1998, “a los efectos de su ejecutividad inmediata, tal como dispone el artículo 89 del decreto legislativo 1/1990”.

Por su parte, la Paeria defiende que la revisión del POUM está “plenamente justificada de acuerdo a la normativa vigente” y subraya que la propia respuesta de la Generalitat indica que “el plan general es vigente desde el 25 de mayo de 1999 y no desde el 14 de julio de 2003”. Incide es que “esta vigencia no comporta la revisión anticipada del planeamiento” y recuerda que la comisión territorial de Urbanismo “informó del avance del POUM y no observó que se hiciera una revisión anticipada”. Argumenta también que el avance del POUM aprobado en el pleno de octubre de 2014 “especifica que se dan 3 de las 4 circunstancias previstas en el plan general para su revisión”. En concreto, “los supuestos previstos en la legislación urbanística vigente, mayores exigencias de espacios públicos derivadas de la propia evolución demográfica o de disposiciones urbanísticas de categoría superior, y saturación por edificación de las dos terceras partes de las previsiones de suelo urbanizable, destinado a un uso homogéneo del plan”. Añade que también queda justificado por “necesidad real de suelo para establecer actividades económicas”.