TRIBUNALES CRIMEN
Piden que el asesino confeso de Aspa no salga de la cárcel
Lo solicita la familia de los dos rurales a los que mató por el “riesgo de fuga” || Podría salir libre al cumplirse dos años
Reconstrucción del crimen de Aspa
La familia de los dos agentes rurales asesinados por un cazador el 21 de enero del año 2017 en Aspa han solicitado que el asesino confeso, Ismael Rodríguez Clemente, no pueda salir en libertad de la cárcel ya que el día 23 se cumplirán dos años de su ingreso preventivo en prisión por lo que expirará el plazo máximo que la ley permite en cuanto a la prisión preventiva. La Audiencia de Lleida ha fijado para el próximo miércoles la comparecencia para considerar está petición de las familias, representadas por el letrado Pau Simarro y que ejercen la acusación particular. Simarro afirmó ayer que “solicitamos la prórroga hace un mes ante el temor de que pueda quedar en libertad. Nuestro principal argumento será que hay un elevado riesgo de fuga del acusado ya que se enfrenta a una condena de más de 51 años de cárcel”.
El juicio contra Ismael Rodríguez Clemente se celebrará a partir del 21 de enero con un jurado popular que será escogido tres días antes. Se han fijado cinco sesiones. La Fiscalía solicita una condena de 48 años y cuatro meses de cárcel para el cazador que confesó haber matado a tiros a dos agentes rurales, Xavier Ribes y David Iglesias, de 43 y 39 años, el 21 de enero del año pasado en un coto de caza en Aspa.
Habrá una comparecencia el miércoles por un caso que se juzgará a partir del día 21 de enero
El Ministerio Público considera que el cazador, de 30 años y de Vacarisses (Vallès Occidental), es autor de dos delitos de asesinato con alevosía en concurso con un delito de atentado a agentes de la autoridad, y le pide una pena de 23 años y 8 meses de prisión por cada uno de ellos. También le pide otro año de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas porque que no tenía licencia de la escopeta. El fiscal también solicita que Rodríguez indemnice con más de un millón de euros a los familiares de las víctimas, concretamente a sus viudas, sus hijos y sus padres. Por su parte, la acusación particular eleva petición de condena a 51 años de prisión. La defensa solicitará que se le impongan 20 años de cárcel.
