El juez echa a los okupas del ático de una pareja de leridanos en La Pineda

El juzgado de Primera Instancia número 1 de Tarragona ha condenado a unos okupas a dejar el ático que una pareja de leridanos tiene en La Pineda y en el que han permanecido durante más de dos años a pesar de la sentencia que había contra ellos para que abandonaran la vivienda. La pareja asegura que ha tenido que “librar una batalla judicial” para conseguir que los okupas abandonaran el apartamento, según afirmó su abogado, Xavier Prats. Los demandantes han tenido que solicitar en reiteradas ocasiones la ejecución de la sentencia porque los condenados permanecían en la vivienda pese a las resoluciones dictadas, a las que hacían caso omiso y recurrieron la sentencia.

Los afectados pidieron condenar a los demandados “a dejar libre, vacua y expedita” la vivienda bajo apercibimiento de lanzamiento. Sin embargo, los okupas alegaban que un supuesto contrato de alquiler firmado en el año 2011 con los propietarios del inmueble en el cual se había fijado una duración hasta el 6 de mayo de 2020 y con una renta anual de 100 euros. Pese a todo, la jueza no da veracidad a los documentos y asegura que “no se acredita el cumplimiento de la prestación principal del contrato de arrendamiento, que es el pago del alquiler, así como el abono de los suministros y de las cuotas de la comunidad de propietarios y demás gastos cuyo pago debe asumir el inquilino”. Por todo ello, determinó, en una sentencia de finales de enero del año pasado, que debían abandonar la vivienda. Sin embargo, los okupas no la abandonaron por lo que el abogado de la pareja tuvo que solicitar en varias ocasiones la ejecución de la sentencia, algo que se consiguió hace unas semanas.

Calvario judicial de 4 años por una casa okupada en Grenyana Un vecino de Lleida pudo recuperar hace unos meses una casa de su propiedad ubicada en la partida de Grenyana que fue okupada y convertida primero en un taller ilegal y luego en un desguace. Un grupo de personas se instalaron en la torre en el año 2014 y su propietario no pudo echarlos hasta el pasado octubre tras cuatro años de calvario judicial. En julio del año pasado entró en vigor una ley en España para acelerar a solo dos meses el plazo del desahucio de viviendas okupadas por mafias.