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Fuerzan un claustro en la UdL sobre la libertad de los presos soberanistas
Será entre el 4 y el 15 de mazo, al pedirlo setenta claustrales, más que los cincuenta necesarios || Solicitud de docentes, alumnos y personal de administración
La Universitat de Lleida (UdL) celebrará entre los días 4 y 15 de marzo un claustro extraordinario para debatir una declaración en favor de la libertad de los presos independentistas y contra la judicialización de la política catalana, como ya hicieron otras universidades. Acatará así una petición presentada ayer en el registro del Rectorado por una setentena profesores, estudiantes y miembros personal de administración y servicios (PAS) que forman parte del claustro. Este órgano está constituido por 250 claustrales y los estatutos determinan que si un 20% de ellos (50) reclaman la celebración de una sesión extraordinaria, el rector lo debe convocar. Un portavoz del equipo rectoral indicó que lo convocarán como máximo el 19 de febrero, para celebrarlo en marzo. No obstante, no avanzó su posición respecto a la declaración que se debatirá, que reclama la “inmediata puesta en libertad de las personas encarceladas por la causa del 1-O”, parar “todos los procesos judiciales penales y administrativos” y “el fin de la represión por motivos políticos, que también afecta a miembros del estudiantado PDI y PAS” .
Los impulsores de la declaración también han habilitado la web www.udlpelsdretscivils.cat para recabar adhesiones, tanto de claustrales como del resto de la comunidad universitaria, y ayer a media tarde ya superaban las doscientas cincuenta. Asimismo, recuerdan que los estatutos de la UdL indican que entre sus principios figuran “la promoción de los derechos humanos y la libertad y la educación en valores”. Daniel Sanchís, profesor de Medicina, dijo que entre los firmantes de la petición hay personas “de diferentes ideologías”. José Lasala, estudiante, pidió un “posicionamiento claro de la UdL porque no puede ser que una institución académica deje de lado los valores democráticos” y Josep Maria Romero, del PAS, que “no podemos quedarnos impasibles ante una vulneración de derechos”.