VIVIENDA NORMATIVA
Las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas por los bancos
El TC acepta la retirada del recurso del Estado, pactado con la Generalitat
Imagen de una protesta de la PAH para paralizar un desahucio en Lleida.
Las entidades bancarias y otros grandes propietarios de viviendas no podrán desahuciar a familias vulnerables que no paguen la hipoteca o el alquiler, al estar de nuevo en vigor los artículos de la ley catalana 24/2015 de pobreza energética y emergencia habitacional suspendidos hace casi tres años al ser impugnados por el anterior Gobierno del PP. Los promotores de esta ley aseguran que el Tribunal Constitucional ya ha notificado al Ejecutivo central y a la Generalitat la sentencia del pasado 31 de enero en la que acepta el desestimiento del recurso que el Consejo de Ministros del Gobierno del PSOE aprobó en noviembre de 2018.
Las medidas recuperadas obligan a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social a las personas que desahucien y a ceder los pisos vacíos temporalmente a los ayuntamientos. “Las mesas de emergencia necesitan con urgencia estas medidas para poder ofrecer vivienda a todas las personas en situación de exclusión residencial”, apuntó el grupo promotor de la norma, formado por Alianza contra la Pobreza Energética, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Observatori Desc. Asimismo, exigió a la Generalitat que active los mecanismos de cesión obligatoria de pisos, que sancione todos los incumplimientos de la normativa y que obligue a las empresas suministradoras a asumir las deudas de las familias vulnerables. Agustí Serra, secretario de Territorio, afirmó que “recuperada esta ley, lo que hemos de hacer es apoyarla y, evidentemente, hacerla cumpir en todos sus términos”. La ley se deberá aplicar a través de procesos administrativos de los ayuntamientos, aunque la Generalitat tiene potestad de actuar si estos no lo hacen.
La PAH dice que ‘esta gran victoria es un paso más, no el final’ La Plataforma de Afectados por la Hipoteca reclama la paralización de todos los desahucios que afectan a personas en situación de exclusión residencial”, así como que Generalitat y ayuntamientos destinen “el máximo de recursos a que se aplique plenamente la ley, para realojar y para movilizar vivienda”. Alerta de que “esta gran victoria es un paso más, pero no el final”, ya que seguirán “luchando por la regulación de los alquileres y para que el derecho a la vivienda sea un hecho”.
