La oposición no logra reprobar la gestión económica de la Paeria

El pleno extraordinario para debatir el informe de la Sindicatura de Comptes sobre los gastos y la contratación administrativa de la Paeria en 2015, en la que detectó varias irregularidades, se saldó ayer con el rechazo de todas las propuestas de los cuatro grupos que forzaron esta sesión (PDeCAT, ERC, Crica y Comú) a excepción de una en la que instaba al equipo de gobierno a hacer una actualización de la relación de puestos de trabajo, presentada por ERC-Avancem. El resto de propuestas fueron rechazadas con los votos en contra del PSC, Units per Avançar y Ciudadanos y, esporádicamente, el PP, que en la mayoría de las propuestas optó por la abstención. La sesión empezó con la teniente de alcalde y concejala de Economía, Montse Mínguez, recalcando que “las cosas se han hecho bien y el escrito solo recoge propuestas técnicas que pueden ser interpretadas de distinta forma en función de la persona que los analiza”. Un comentario con el que discrepó el edil del Comú Carlos González, que declaró que “el informe dice que se han cometido infracciones en el fraccionamiento de los contratos” y su compañero, Sergi Talamonte definió al equipo de gobierno como “el gobierno de la mediocridad”. El concejal del PP Joan Vilella reconoció que “hasta 2016, los presupuestos eran un brindis al sol”, y destacó que “el informe no dice nada que no se supiera”. En cambio, el edil de la Crida Pau Juvillà acusó al gobierno de “no tener un control de las concesiones, por ello hacen falta dimisiones, rectificaciones y depurar responsabilidades”. El concejal de ERC Carles Vega criticó que “no es justificable cerrar las cuentas de 2015 con superávit y que después queden facturas pendientes” y pidió “establecer mecanismos de control y revisar todos los contratos vigentes”. La edil de Ciudadanos Àngeles Ribes mostró su apoyo a los técnicos municipales y sostuvo que “no se han hecho las cosas tan mal como pinta el informe”. Por su parte, el edil del PDeCAT Toni Postius dijo que la gestión del gobierno “ni ha sido ejemplar, ni modélica, pero tampoco ilegal, aunque sí irregular” y subrayó que recurrir al reconocimiento de crédito “era una forma de no incrementar la deuda municipal, que de haberse hecho de otra forma habría superado el 110% permitido por ley”.