Doce funcionarios heridos por presos en Ponent, el doble que en 2017

Las agresiones de funcionarios de la cárcel de Ponent a manos de presos se ha duplicado en el último año y en 2018 se situaron en una docena, según un informe publicado ayer por el sindicato Csif. En el conjunto de Catalunya, denuncia que las agresiones a funcionarios aumentaron un 37% el año pasado, siendo el centro penitenciario de Quatre Camins de la Roca del Vallès el que acumula más casos, con un total de 67.

La situación en la prisión leridana también es alarmante, según el sindicato. De las doce agresiones registradas el año pasado, cuatro de ellas fueron graves. En total, se produjeron ocho incidentes y los funcionarios agredidos estuvieron 74 días de baja. Según el sindicato, se elevaron al juzgado once denuncias por estos hechos. Actualmente, en la cárcel de Ponent hay 650 internos, frente a los 557 de un año antes. Asimismo, en 2018 se produjeron 15 tentativas de agresión a funcionarios por partes de presos frente a los seis casos de 2017. En los últimos tres años, el sindicato ha contabilizado una treintena de funcionarios agredidos y otros treinta que han estado a punto de serlo. Al respecto, el sindicato señaló que los internos son cada vez más violentos y que respetan menos la autoridad de los funcionarios. De hecho, aseguran que hay presos que usan la agresión “como un motivo de cambio de módulo o de prisión”. En este sentido, volvieron a reclamar la aprobación por parte de las Cortes Generales de la condición de agentes de la autoridad para el colectivo y más formación específica ante una población penitenciaria “muy diversa, con problemas psiquiátricos, de edad y multiculturalidad”. El CSIF, además, volvió a reclamar a la Generalitat medidas para acabar con el envejecimiento de la plantilla, ya que la media de edad de los funcionarios es de 52 años.

En el caso de Ponent, los sindicatos ya reclamaron medidas urgentes a la conselleria de Justicia tras un incidente con varios internos que causaron destrozos en sus celdas tras un apagón en septiembre o que un interno tirara a un funcionario por unas escaleras el pasado diciembre. Entre sus reivindicaciones, el colectivo reiteró la necesidad de aumentar las medidas de control en la cárcel con la instalación de cámaras de vigilancia en zonas comunes de los módulos y la renovación de las instalaciones de la cárcel, una de las más antiguas de Catalunya.