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UNIVERSIDAD LABORAL

Una jubilación errónea cuesta 120.000 € a la Universitat de Lleida

Tuvo que readmitirlo por orden judicial tras haber declarado su incapacidad permanente || Culpa a Salud de la mala valoración

Premio a los mejores titulados -  La UdL entregó ayer 57 diplomas de los premios extraordinarios de final de grados y másteres correspondientes al curso 2016-2017. Fueron premiadas 36 mujeres y 21 hombres y el acto se celebró en el Rectorado.

Premio a los mejores titulados - La UdL entregó ayer 57 diplomas de los premios extraordinarios de final de grados y másteres correspondientes al curso 2016-2017. Fueron premiadas 36 mujeres y 21 hombres y el acto se celebró en el Rectorado.ÍTMAR FABREGAT

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Una valoración errónea que ha costado 120.432,55 euros. Esta es la cantidad que tuvo que pagar la Universitat de Lleida (UdL) a un catedrático que había jubilado por incapacidad permanente y al que tuvo que readmitir dos años después por orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que estimó el recurso del afectado y anuló la jubilación al concluir que se había basado en una valoración médica errónea. A raíz de ello, la UdL presentó una reclamación por responsabilidad patrimonial al departamento de Salud de la Generalitat para que le abonara un indemnización por el mismo importe en concepto de daños y perjuicios, argumentando que jubiló al catedrático en base a una valoración del Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), organismo que depende de la conselleria y que es el encargado de hacer los dictámenes que determinan si hay o no incapacidad permanente. Sin embargo, la comisión jurídica asesora de la Generalitat ha desestimado ahora esta reclamación. En una resolución dictada el pasado 14 de febrero, afirma que no hay motivo para que Salud indemnice a la UdL porque estos 120.432 euros corresponden al salario que tendría que haber abonado igualmente al catedrático si no le hubiera jubilado. Así, añade que el perjuicio se hubiera dado en una situación inversa, si el profesor hubiera seguido trabajando y un informe dictaminara después que tendría que haber estado jubilado. “La Universidad tiene la obligación de pagar los salarios de sus trabajadores en activo hasta el momento de jubilarse”, destaca.

Los hechos sobre los que ahora se ha pronunciado esta comisión corresponden al periodo entre principios de 2014, cuando la UdL decretó la jubilación del docente, y julio de 2016, cuando la justicia le obligó a readmitirlo.

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