Operación en Lleida contra el mayor fraude del IVA en los hidrocarburos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 21 miembros de dos grupos criminales en el mayor golpe al fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, en una operación en la que se ha detectado un desfalco para las arcas públicas de 150 millones de euros. Se trata de la operación Drake, de la que han cuenta en rueda de prensa el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO; y José Manuel Alarcón, responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria.

La operación se ha desarrollado en Castellón, Valencia, Lleida, Girona y Madrid y se han incautado dos barcos, 61 vehículos de alta gama, 2 millones de litros de combustible, además de haberse bloqueado más de 300 cuentas bancarias de las más de 1.000 analizadas por los investigadores. Según el resultado de las pesquisas, las dos organizaciones desarticuladas centraban su actividad delictiva en el impago de IVA en la venta al por mayor del producto mediante empresas instrumentales y testaferros.

En esta operación, que en palabras de Balas "ha dejado prácticamente a cero" la actividad delictiva de este tipo, se han investigado a más de 100 personas, aunque finalmente se ha detenido a 21 -en libertad con medidas cautelares-, y se ha descubierto un entramado de 300 empresas.

Aún no se ha cuantificado el valor de todo lo incautado, pero una primera estimación lo cifra en 4 millones el combustible, en 150 millones los inmuebles, en 4 ó 5 millones los vehículos y en una cantidad también muy considerable las cuentas corrientes. Además, se ha intervenido cerca de un millón de euros en metálico.

Según el resultado de las pesquisas, las dos organizaciones desarticuladas centraban su actividad delictiva en el impago de IVA en la venta al por mayor del producto mediante empresas instrumentales y testaferros.

Es decir, repercutían el IVA a sus clientes pero no lo declaraban a Hacienda, con lo que obtenían importantes beneficios. Además, podían venderlo a gasolineras de todo el territorio nacional, a un precio más bajo en una competencia desleal con los distribuidores legales.

Tal era la capacidad de estas organizaciones, que podían adquirir el producto fuera de España. De hecho, según ha explicado el teniente coronel, el mismo día que explotaban la operación, llegaba a puerto un petrolero para suministrar combustible a esta trama.

La investigación comenzó en 2015 y ha sido compleja, ya que las organizaciones contaban con un entramado empresarial de sociedades interpuestas y de testaferros para dificultar la labor de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, según ha recalcado Alarcón.

Con un potente control del mercado -contaban incluso con gasolineras-, ambos grupos eran los más activos en esta práctica fraudulenta y algunos de sus miembros ya habían sido detectados por la Guardia Civil en otras operaciones.

Uno de los edificios de las Cuatro Torres Business Area de Madrid era el centro neurálgico de la trama más importante, la sociedad matriz donde operaba el líder de una de las organizaciones, mientras que en otra de esas torres se ubicaba el grupo dedicado al blanqueo de capitales.

De hecho, en Madrid se practicaron 14 de las 21 detenciones y se realizaron 15 registros.

En el entramado había un reparto de tareas, con un primer escalón en el que se encontraban empresarios del sector reconocidos desde hace años. Además, contaban con testaferros -muchos de ellos sin formación y de perfil más bajo- que cobraban entre 3.000 y 10.000 euros mensuales por poner su nombre en empresas ficticias.

Otro grupo estaba formado por comerciales que captaban a los clientes, gasolineras que aún se están investigando.

Balas ha dejado clara la prioridad de la Guardia Civil en la lucha contra este tipo de fraude, una de las "formas más eficaces de asegurar los intereses del Estado y de los ciudadanos".

Y ha ido más lejos al señalar que aunque el ciudadano se beneficie y ahorre por comprar más barato el combustible, al final sale perjudicado porque el dinero que se defrauda en esta actividad ilícita podría haber ido destinado a carreteras, a líneas de AVE, a hospitales y a otros servicios del estado del bienestar.