Casi dos mil mujeres maltratadas han pedido ayuda en un solo año

La delegación del Govern en Lleida acogió ayer la celebración de la Taula per a l’Abordatge de la Violència Masclista que aprobó la actuación del protocolo de actuación para atender a las víctimas de maltrato, que se prevé que esté listo el próximo año y que incluya el ciberacoso y las diferentes formas de violencia sexual, incluso aquellas que no son consideradas delito pero que pueden ser sancionadas con una multa. Así lo señalaron ayer el presidente de la mesa y delegado del Govern en Lleida, Ramon Farré, y la directora del Institut Català de les Dones, Núria Balada, tras reunirse con los diferentes actores que forman parte del procolo de atención a las víctimas de violencia machista.

El principal objetivo del nuevo protocolo es actualizar el anterior, aprobado en 2012, para abordar las nuevas formas de violencia, sobre todo entre los más jóvenes a través de las redes sociales, y abordar la violencia sexual, que aparece en mayor medida en los espacios de ocio. Sin embargo, los agentes no quieren olvidar un aspecto clave en la lucha contra esta lacra social, que es la prevención, apostando por la concienciación en los centros escolares a una edad más temprana, a los 10 años, donde ya pueden detectarse comportamientos tóxicos o no igualitarios. En cuanto a los más jóvenes, el ICD admitió que es más difícil que puedan acceder a los canales establecidos por la administración y que están estudiando crear herramientas más accesibles para ellos, primando, sobre todo, la protección de datos.

Los servicios del ICD ofrecieron el año pasado atención psicológica y legal a 1.957 mujeres en Ponent

Los Servicios de Información y Atención a las Mujeres del ICD atendieron el año pasado a un total de 1.957 mujeres en situación de violencia machista en Lleida, una cifra ligeramente superior a la de un año antes. La mayoría reciben atención psicológica y jurídica, también sus hijos. Asimismo, el teléfono del ICD (900 900 120) recibió 362 llamadas desde Ponent en 2018, de las que un 35,6% tienen entre 41 y 50 años. La entidad destacó que en un 19% de los casos la denuncia partió de la familia.